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El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado la apertura de juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a contratos públicos durante la emergencia sanitaria.
Los tres acusados están señalados por la Fiscalía como integrantes de una red que habría operado para lograr un “común beneficio económico” aprovechando el cargo institucional de Ábalos.
El juez ha decidido mantener las medidas cautelares impuestas, por lo que el exministro y su exasesor seguirán en prisión preventiva, medida que se aplica desde el pasado 27 de noviembre.
Delitos graves y fianzas millonarias
En el auto dictado este miércoles, el magistrado imputa a los tres acusados delitos como organización criminal, cohecho continuado, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, falsedad en documento oficial y prevaricación.
Además, el juez ha impuesto una fianza de 60.000 euros a cada uno con el fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias futuras, advirtiendo que, si no se abona en un plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes.
Por su parte, el empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto comisionista, seguirá en libertad provisional con las medidas de comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.
El instructor también ha dado un plazo de diez días a las defensas para presentar sus escritos, con el apercibimiento de que, si no lo hacen, el procedimiento continuará con la presunción de oposición a las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal.
La Fiscalía pide penas de hasta 24 años de cárcel
La Fiscalía del Supremo solicita penas de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama. Esta parte del proceso corresponde al llamado caso Koldo, centrado en las presuntas irregularidades en la contratación pública de mascarillas en plena pandemia.
Según el Ministerio Público, los tres se concertaron para favorecer a determinadas empresas en los concursos públicos a cambio de comisiones. La figura de Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, habría sido clave en la ejecución de esta supuesta red de favores.
La instrucción judicial sostiene que existía un “robusto arsenal indiciario” que justifica el enjuiciamiento, y destaca que los recursos presentados por las defensas “no desmoronan las razones” por las que se acordó su procesamiento. Así lo ratificó la Sala de Apelación del Supremo al confirmar el auto del magistrado Puente tan solo 24 horas antes de la apertura de juicio.
Suspensión de derechos parlamentarios y otras piezas del caso
La decisión del alto tribunal tiene consecuencias inmediatas en el plano político. Tras conocerse la resolución judicial, la Mesa del Congreso aprobó la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de José Luis Ábalos en virtud del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que establece esta medida en casos de auto de procesamiento firme y prisión preventiva.
Este juicio representa el primer gran proceso judicial en el marco del caso Koldo, que aún mantiene otras tres piezas abiertas: una en el propio Supremo, en la que figura también el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y dos más en la Audiencia Nacional, una de las cuales investiga supuestos pagos en efectivo desde fondos del partido.
El desarrollo del juicio y sus derivadas judiciales y políticas se seguirán de cerca tanto en el ámbito institucional como en la opinión pública. De momento, la causa avanza con la vista puesta en un proceso judicial que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en tiempos de emergencia.
