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El Partido Popular ha redoblado su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras convertir los recientes casos de presunto acoso sexual en el PSOE en su principal argumento político.

La estrategia, expuesta durante la última sesión de control del año, busca instalar un relato de incoherencia ética dentro del oficialismo y reforzar la imagen de un Ejecutivo que, según los populares, perdió autoridad moral.

El clima se tensó aún más por la condena del Tribunal Supremo al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque esta vez el PP eligió no capitalizar ese frente para mantener el foco en las denuncias que agitan al socialismo.

El liderazgo de Alberto Núñez Feijóo decidió avanzar con una narrativa que vincula directamente a Sánchez con la supuesta falta de contundencia ante estos casos, mientras figuras destacadas del PP sostienen que estos episodios pueden tener efectos electorales duraderos.

En paralelo, referentes territoriales como Emiliano García-Page reclaman claridad y coherencia desde dentro del propio PSOE, conscientes del desgaste que genera el escándalo.

El PP convierte los casos de acoso en su principal arma política

El PP definió que los hechos que involucran a los exdirigentes socialistas Paco Salazar y Antonio Navarro, así como la denuncia contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, representan una oportunidad para poner en cuestión la autoridad ética del gobierno.

La estrategia quedó en evidencia durante el último cruce del año entre Sánchez y Feijóo, en el que el líder popular acusó al presidente de “consentir todo” y lanzó una frase que abrió una fuerte controversia al afirmar que Sánchez aprendió “en los prostíbulos” lo que sabe sobre feminismo.

Fuentes del PP aseguran que insistirán de manera sostenida en estos episodios porque consideran que impactan especialmente en el electorado femenino y erosionan el discurso feminista del Gobierno.

La exsecretaria general del partido, Cuca Gamarra, reforzó esta idea al advertir que serán “las mujeres españolas” quienes desalojen al actual Ejecutivo de La Moncloa.

La portavoz parlamentaria Ester Muñoz también endureció la postura al describir el acoso sexual como un problema “estructural” en el PSOE, un mensaje que los populares buscan instalar con insistencia.

El contexto favorece el giro discursivo: la reciente condena del Supremo a García Ortiz, que durante semanas sirvió al PP como eje de ataque, quedó esta vez deliberadamente en segundo plano.

La cúpula popular considera que mantener la atención en los casos de acoso es más rentable políticamente y asegura que su partido cuenta con mecanismos internos —como una oficina de quejas y un canal antiacoso— que blindan su narrativa de contraste.

¿Qué tensiones internas genera el caso Salazar dentro del PSOE?

Dentro del socialismo creció el malestar por el impacto político que adquirió el caso Salazar, especialmente después de que trascendiera que el exdirigente pudo haber aspirado a la Secretaría de Organización si el escándalo no salía a la luz.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidió despejar de manera contundente cualquier vínculo de Salazar con el Gobierno o con administraciones socialistas y exigió que se aclare si recibió apoyo o algún tipo de respaldo interno.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, le dice a Lobato que, a pesar de su militancia, no hace falta que sea "cómplice".Fuente: EFE

García-Page señaló además la importancia de mantener la coherencia moral, un mensaje dirigido tanto al partido como al Gobierno, al recordar que la credibilidad se erosiona cuando se predica feminismo pero no se aplican los mismos estándares éticos en otras áreas del poder.

Sus declaraciones representan la inquietud de sectores del PSOE que buscan frenar la narrativa de doble vara, conscientes del efecto que puede tener en un contexto político polarizado.

En su intervención televisiva, el mandatario castellano-manchego también advirtió que la falta de respuestas claras alimenta el crecimiento de la extrema derecha y estimula la desafección ciudadana.

El contraste con el caso del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce —quien renunció temporalmente a su militancia en el PP para defenderse de una denuncia impulsada por el PSOE— terminó de exponer la dimensión política del debate, que marca el cierre del año con un clima cada vez más tenso entre oficialismo y oposición.