El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios ante la proliferación de modelos privados en las últimas décadas. La iniciativa parte del Ministerio de Sanidad y establece un nuevo marco jurídico para el Sistema Nacional de Salud. El anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario. Según el Gobierno, el objetivo es reforzar el control institucional y garantizar la calidad asistencial. El texto consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y supone un cambio relevante en el modelo aplicado en las últimas décadas. El anteproyecto deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar. Esa norma permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos mediante modelos privados. A juicio del Gobierno, estos modelos han derivado en fragmentación, déficits de transparencia y una menor capacidad de control institucional sobre la prestación de los servicios sanitarios. En el texto se define la gestión directa y se limita la gestión indirecta a situaciones excepcionales. Solo se permitirá cuando no sea posible la prestación directa y siempre que se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia. Además, se exige el cumplimiento de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. Estas fórmulas de gestión indirecta deberán someterse a una evaluación previa realizada por comités técnicos. El anteproyecto elimina las fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio y refuerza la transparencia y la rendición de cuentas. La norma modifica el artículo 67 de la Ley General de Sanidad de 1986 e introduce una cláusula en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en caso de empate. También se impedirá que una empresa privada se encargue simultáneamente de la construcción de un hospital y de la gestión posterior de los centros sanitarios. Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, mientras que la nueva normativa se aplicará a los procedimientos futuros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que con este anteproyecto el Gobierno quiere “acabar con la sanidad” en la región y llevarla “a la revolución” para “que nada funcione”. Díaz Ayuso defendió el modelo madrileño, con hospitales públicos concesionados a gestores privados, y cuestionó si se debe “acabar con la Fundación Jiménez Díaz” o decir a los pacientes que “se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales”. La presidenta aseguró que el texto muestra la “absoluta obsesión” del Gobierno con Madrid y auguró que el anteproyecto “no saldrá adelante”, aunque considera que “el daño ya está hecho” al enviar un mensaje de miedo. En la Comunidad de Madrid existen cinco hospitales de titularidad pública y gestión privada, la mayoría concesionados a Quirón, además del Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud y envuelto en polémica reciente.