El pleno del Congreso de los Diputados rechazó este miércoles el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
La enmienda a la totalidad presentada por PP, Vox y Junts dejó sin efecto la tramitación de la norma y devolvió el texto al Gobierno, que deberá reiniciar el procedimiento legislativo si quiere volver a impulsarlo.
La derrota parlamentaria se anticipaba desde hace semanas. Pese a los intentos de diálogo de última hora, especialmente con Junts, no se logró el apoyo necesario para salvar la propuesta. "Hemos sido muy honestos.
El Gobierno español conocía nuestra posición desde el primer día", advirtió la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que cuestionó el impacto económico de la medida y alertó sobre el riesgo de "poner en jaque el estado del bienestar".
¿Qué significa el veto a la jornada reducida?
La aprobación de la enmienda implica que todo continúa como hasta ahora: la jornada laboral se mantiene en 40 horas semanales salvo en aquellas empresas que ya contemplan convenios distintos.
El proyecto también incluía medidas complementarias, como un nuevo sistema de control telemático de la jornada y el refuerzo del derecho a la desconexión digital, que igualmente quedan suspendidas.
La vicepresidenta segunda,Yolanda Díaz, reconoció la derrota, pero subrayó que se trata de "un punto y seguido" en la agenda laboral del Ejecutivo. Desde el pleno aseguró que seguirá dialogando con las fuerzas políticas para retomar la iniciativa, consciente de que cualquier intento de reedición deberá pasar de nuevo por arduas negociaciones en un Congreso fragmentado.
¿Qué ocurrirá a partir de ahora?
El Gobierno deberá presentar un nuevo proyecto de ley en Consejo de Ministros si desea volver a impulsar la reducción de jornada. No obstante, los analistas advierten que, con el mismo contenido, el texto correría idéntica suerte.
Para evitar un nuevo revés, el Ejecutivo tendrá que rediseñar la propuesta e introducir concesiones que permitan atraer apoyos parlamentarios.
Mientras tanto, la agenda social del Gobierno mantiene un triunfo parcial. El real decreto ley que amplía a 19 semanas los permisos por nacimiento y cuidado de hijos ya está en vigor y fue convalidado en su momento, lo que permitió a España cumplir con una directiva europea pendiente y evitar nuevas sanciones.
