El Ejecutivo central apuesta por una fórmula intermedia para encauzar la negociación con Esquerra Republicana. Frente a la cesión íntegra de la recaudación del IRPF que reclama ERC, la Moncloa defiende la creación de un consorcio de inversiones compartido con la Generalitat. La propuesta se inscribe en el delicado equilibrio que el Gobierno intenta sostener en el Congreso y en Cataluña. Mientras los republicanos condicionan su apoyo a los presupuestos, el Ejecutivo busca una salida que evite romper el actual sistema común de financiación autonómica. Fuentes gubernamentales sostienen que el consorcio permitiría avanzar en compromisos de inversión sin alterar la arquitectura fiscal vigente. La cesión del IRPF, en cambio, supone una línea roja para el Ministerio de Hacienda, que considera que abriría un precedente difícil de contener. ERC anunció la retirada de su proposición de ley para que Cataluña recaude el IRPF, aunque dejó claro que no abandona ese objetivo político. La formación independentista mantiene la presión y vincula su respaldo a las cuentas públicas a avances tangibles en materia de financiación. El modelo que impulsa el Gobierno contempla la creación de un órgano compartido entre la Administración central y la Generalitat, con capacidad para planificar y ejecutar inversiones estratégicas en Cataluña. No se trata de una transferencia de soberanía fiscal, sino de un instrumento de gestión conjunta. Según las fuentes consultadas, este consorcio figuraba en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. La cesión del IRPF, en cambio, aparece recogida en el pacto que permitió la investidura de Salvador Illa al frente de la Generalitat, lo que refleja compromisos políticos distintos en cada ámbito institucional. El Ejecutivo considera que el consorcio puede ofrecer “mayor recorrido” en la negociación, al permitir inversiones concretas sin alterar el sistema común. Además, plantea que dependa orgánicamente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que facilitaría su operatividad administrativa y presupuestaria. Para ERC, sin embargo, la gestión directa del IRPF constituye una reivindicación de fondo vinculada al autogobierno fiscal. La retirada de la iniciativa legislativa no implica renuncia, sino una reconfiguración táctica en el marco de las negociaciones actuales. El debate catalán se entrelaza con la discusión más amplia sobre el modelo de financiación autonómica. En Sevilla, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió al Partido Popular que abandone el discurso del agravio territorial y presente una alternativa concreta. Montero defendió el modelo propuesto por el Ejecutivo y afirmó que permite mantener a Esquerra Republicana de Catalunya dentro del sistema común. A su juicio, quienes durante años alertaron sobre un supuesto “cupo separatista” deberían reconocer que no se ha producido una ruptura del marco general. La ministra también respondió a las críticas de presidentes socialistas como Emiliano García-Page. Sostuvo que cada gobierno autonómico debe explicar su posición y defendió que disponer de una propuesta concreta permite abrir un debate técnico y político con mayor transparencia. En el caso andaluz, Montero dirigió sus reproches al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Argumentó que el modelo supondría 5.700 millones de euros adicionales para la comunidad y acusó al líder popular de anteponer la estrategia electoral al interés financiero de Andalucía. La tensión territorial, lejos de disiparse, se reconfigura en un escenario preelectoral y presupuestario. El Gobierno intenta cerrar acuerdos sin fracturar el sistema común, mientras los partidos autonómicos miden cada paso en función de su agenda política y de su peso en el Congreso.