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El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7200 euros por revelación de secretos. La decisión ha provocado un terremoto institucional con repercusiones inmediatas tanto en el Gobierno como en la oposición.
Mientras desde Moncloa se habla de “desolación” e “indefensión”, el Partido Popular (PP) y otros sectores conservadores insisten en que el Ejecutivo estaría preparando el camino para un posible indulto. Las declaraciones cruzadas de los líderes políticos reflejan el nivel de crispación que atraviesa la vida pública española.
El Ejecutivo defiende su posición y cuestiona el fallo judicial
Desde el Gobierno no ocultan su malestar. El ministro Óscar López declaró que se activarán "los mecanismos que hagan falta" y lamentó sentir "desolación, hartazgo y descreencia en muchas cosas" tras conocer el fallo.
Además, sostuvo que el Ejecutivo es "profundamente respetuoso con la justicia, más incluso que algunos jueces“, pero advirtió: ”Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo“.
La vicepresidenta Yolanda Díaz también cuestionó la base probatoria de la sentencia, alegando que se trata de una resolución "sin pruebas de cargo" y que, en su opinión, está dirigida contra el Gobierno de coalición. A pesar de la condena, Moncloa ha reiterado que la legislatura seguirá adelante y ya trabaja en el relevo institucional del cargo.
La oposición carga contra el Gobierno y alerta sobre un indulto
El PP ha reaccionado con dureza. El dirigente Elías Bendodo aseguró que el Gobierno está "construyendo el relato" para conceder un indulto al fiscal condenado. Cuca Gamarra, por su parte, calificó de "gravísimas" las críticas al poder judicial y acusó al Ejecutivo de "señalar a la justicia en lugar de respaldarla".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue incluso más lejos. En una comparecencia institucional, afirmó que "solo pueden ganar la autocracia o la libertad" y acusó a Pedro Sánchez de intentar "dinamitar la separación de poderes“.
Ayuso celebró que el fallo demuestra que "la justicia funciona" y que su pareja ha recibido "protección frente a los delitos que el poder del Estado pueda acometer contra él“.
Un escenario político polarizado y sin tregua
Las reacciones no se limitaron a los grandes partidos. Desde Vox, Santiago Abascal arremetió contra Pedro Sánchez, a quien llamó "capo de la mafia“, y desde Podemos, Ione Belarra exigió reformar el Consejo General del Poder Judicial para impedir que ”jueces que hacen política" sigan ejerciendo.
Otros actores, como IU, BNG, PNV o Junts, también mostraron su desconcierto o rechazo al fallo, algunos calificándolo de "vergüenza" o "escándalo democrático“. El presidente del PNV, Aitor Esteban, destacó que quien ha salido ”indemne" en todo este proceso es un "defraudador confeso“.
Mientras tanto, el Gobierno intenta mantener su hoja de ruta y centrarse en la estabilidad parlamentaria. Pero la condena al fiscal general ha abierto una nueva grieta en un escenario ya tensionado, con acusaciones cruzadas, amenazas veladas y una oposición convencida de que el Ejecutivo buscará blindarse, incluso si para ello tiene que aplicar un indulto.
