En esta noticia
Un conflicto laboral iniciado en 2015 entre una trabajadora embarazada y el propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, terminó en 2025 con la entrada en prisión de seis sindicalistas, el cierre del negocio y una indemnización total de 120.000 euros.
La sentencia firme del Juzgado número 1 de Gijón, ratificada por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, condenó a cinco mujeres y un hombre, todos integrantes de la CNT, por coacciones graves y obstrucción a la justicia, tras meses de protestas frente al local del empresario.
La pastelería, vendida con pérdidas
Según el fallo judicial, las manifestaciones organizadas por el sindicato generaron una presión constante sobre el negocio, hasta obligar a la familia propietaria a traspasar la pastelería con pérdidas y mudarse a otra ciudad.
El hijo del empresario, Pablo Álvarez Meana, aseguró: "Mis padres querían traspasar la pastelería antes de que todo esto empezara, es verdad, e irse a Andalucía. Pero al final, debido a lo que pasó, la malvendieron deprisa y corriendo, perdiendo dinero".
Como resultado, la Justicia fijó en 120.000 euros la indemnización por daños económicos y morales. El importe fue cubierto en parte por el sindicato y en parte a través de donaciones, rifas y conciertos, según fuentes de la CNT.
Impacto financiero en ambas partes
El impacto económico se produjo en ambos frentes. Por un lado, la familia propietaria debió cerrar un negocio activo, mudar su residencia y abrir una nueva pastelería en Oviedo.
Por otro, los seis condenados -todos trabajadores activos en otros sectores- perdieron temporalmente su fuente de ingresos al ingresar en prisión, aunque solicitaron el tercer grado penitenciario para minimizar ese impacto.
La entrada en prisión también afecta a actividades paralelas. Una de las condenadas, Rosa Blanca, cantante de orquesta, declaró: "Espero que esto dure poco y poder aprovechar el verano, que es cuando más galas tenemos".
El caso reactivó el debate sobre el papel de los sindicatos y los límites de las protestas. 22 organizaciones sindicales solicitaron al Gobierno un indulto, una iniciativa respaldada por el Gobierno del Principado de Asturias. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó: "Trabajo ya para que la medida de gracia se haga efectiva cuanto antes".
La familia del empresario adelantó que recurrirá el indulto ante el Tribunal Supremo, así como cualquier posible beneficio penitenciario. "Haremos lo posible para que cumplan entera su condena", dijo Pablo Álvarez Meana.
El conflicto original: despido y denuncias cruzadas
Todo comenzó cuando la trabajadora denunció haber sufrido acoso y pidió al sindicato gestionar su despido. La CNT reclamó más de 6000 euros por horas extra impagadas y despido improcedente, además de que se retirara una denuncia previa del empresario. Ante la negativa del dueño, comenzaron las protestas.
Durante cinco meses, la CNT organizó 15 concentraciones, algunas no autorizadas. Las movilizaciones incluyeron gritos, pancartas y en ocasiones el uso de bombas fétidas y petardos. El sindicato defendió su accionar como legítima presión laboral. "No creo que eso sean coacciones", aseguró Héctor González, uno de los condenados y exsecretario general de la CNT Gijón.
Un caso que marca precedente
La resolución del caso establece un precedente jurídico y económico sobre el alcance de la acción sindical en el ámbito privado. Mientras unos lo interpretan como una criminalización del activismo laboral, otros lo ven como una advertencia sobre los efectos de exceder los límites legales en los métodos de protesta.
Además del impacto en las partes involucradas, el caso podría influir en futuras estrategias sindicales, particularmente en sectores pequeños y negocios familiares, donde la presión económica puede derivar en cierres irreversibles.