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La revalorización de las pensiones volvió a convertirse en el centro de una fuerte disputa política en el Congreso, luego de que el Gobierno no lograra reunir los apoyos necesarios para convalidar el decreto que contemplaba un aumento general del 2,7% para 2026.
La caída de la norma abrió un escenario de incertidumbre institucional y obligó al Ejecutivo a recalcular su estrategia para evitar que el impacto llegue al bolsillo de millones de jubilados.
El rechazo del decreto ómnibus evidenció la fragmentación parlamentaria y la dificultad del oficialismo para sostener iniciativas que combinan medidas sociales con otros puntos controvertidos.
En este contexto, el debate dejó expuestas las tensiones entre el Gobierno y partidos clave de la oposición, que condicionaron su apoyo a una votación separada de la actualización de las pensiones.
El texto fue rechazado con los votos del Partido Popular, Vox y Junts, lo que impidió su convalidación. Desde el Ejecutivo, en tanto, el PSOE insistió en que la actualización de las pensiones constituye un compromiso central y anticipó que buscará alternativas legislativas para sostenerla.
¿Por qué se cayó el decreto que incluía la subida de las pensiones?
El principal motivo del rechazo radicó en el carácter integral del decreto, que además de la revalorización de las pensiones incluía otras medidas sociales, como la prórroga de la moratoria de desahucios y ayudas energéticas.
Para la oposición, esta estrategia supuso un “chantaje político” al vincular la mejora de los ingresos de los jubilados con iniciativas que no cuentan con consenso.
Desde el PP y Junts remarcaron que están dispuestos a acompañar la subida de las pensiones si se presenta en un texto independiente.
El diputado popular Juan Bravo sostuvo que su espacio ya había presentado una propuesta propia para garantizar la actualización automática de las prestaciones y reclamó al Gobierno que permita su tramitación parlamentaria.
El Ejecutivo rechazó esa posibilidad y defendió la votación en bloque como una forma de sostener un “escudo social” más amplio.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, advirtió que quienes votaron en contra deberán explicar a la ciudadanía por qué bloquearon una medida que beneficia a casi diez millones de personas.
¿Qué puede pasar ahora con los haberes de febrero?
Con la derogación del decreto, se abre un vacío legal que afecta directamente a las próximas nóminas. Las pensiones de enero ya fueron abonadas con el incremento previsto, pero si no se aprueba una nueva norma antes de fin de mes, las de febrero podrían liquidarse sin la suba del 2,7%.
Ante este escenario, el Gobierno anticipó que trabaja en la aprobación de un nuevo real decreto centrado exclusivamente en las pensiones.
Este mecanismo permitiría que la actualización vuelva a entrar en vigor de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial, aunque luego deba ser ratificada por el Congreso.
El presidente Pedro Sánchez acusó a la oposición de “tomar como rehenes” a los jubilados y advirtió que el bloqueo podría implicar una pérdida de hasta 500 euros anuales por pensionista.
Desde el Ministerio de Seguridad Social enviaron un mensaje de tranquilidad y aseguraron que, aun en el peor de los casos, la subida podría aplicarse de forma retroactiva si se aprueba más adelante.
La experiencia del año anterior refuerza esta hipótesis: tras un rechazo similar, el Gobierno logró sacar adelante un nuevo decreto en pocas semanas sin que los pensionistas vieran reducido su ingreso.
La sesión parlamentaria de las próximas semanas será clave para determinar si el conflicto se resuelve con rapidez o si la tensión política vuelve a postergar una decisión sensible para millones de personas.