

La UniónEuropea ha implementado una normativa que representa un avance significativo hacia la sostenibilidad, la cual transformará de manera radical el mercado inmobiliario. A partir de 2030, únicamente se permitirá la venta o el alquiler de viviendas que cumplan con determinados estándares energéticos.
La medida tendrá un impacto notable en países como España, donde más del 80% del parque habitacional no cumple con los niveles requeridos.
Con esta normativa, Bruselas busca alinear el sector residencial con los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo. Esta exigencia no solo repercutirá en la economía de los propietarios, sino que también afectará a millones de inquilinos y compradores potenciales. Las repercusiones serán significativas si no se actúa con anticipación.

¿Por qué la UE prohíbe la venta de viviendas con baja eficiencia energética?
A partir del 1 de enero de 2030, no se podrá comercializar legalmente ninguna vivienda en la Unión Europea que no cuente con al menos una calificación energética tipo E. Esta normativa excluirá a aquellas propiedades con calificaciones F y G, que actualmente son las más prevalentes en el mercado español.
Tres años después, en 2033, el mínimo exigido ascenderá a la letra D. Esta estrategia tiene como objetivo primordial la reducción de las emisiones de carbono en uno de los sectores más contaminantes: el de la construcción y la vivienda.
En España, más de la mitad de los inmuebles fueron construidos antes de 1980, sin criterios modernos de aislamiento térmico. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la calificación E es la más común, seguida de las calificaciones F y G.
Esto implica que millones de viviendas deberán ser sometidas a reformas significativas para cumplir con la normativa europea. De no hacerlo, no podrán ser comercializadas ni alquiladas, lo que podría impactar negativamente en el valor de dichos inmuebles y provocar un efecto dominó en el mercado.

¿Cómo obtener el Certificado de Eficiencia Energética y qué significa?
Para obtener el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), los propietarios deben contactar con un técnico autorizado que evalúe diversos aspectos de la vivienda: materiales de construcción, orientación, tipo de ventanas, calidad del aislamiento y sistemas de climatización, entre otros.
Con base en estos elementos, el profesional asignará una calificación que varía desde la A (muy eficiente) hasta la G (muy ineficiente).
Este certificado, obligatorio desde 2013, tiene una vigencia de diez años, salvo para viviendas con calificación G, donde debe renovarse cada cinco. No contar con un CEE válido puede acarrear sanciones que oscilan entre 300 euros y 6000, dependiendo de la infracción.
A medida que se acerque el plazo de 2030, se prevé un aumento en la demanda de técnicos certificadores y reformas energéticas, lo cual ya genera preocupación en asociaciones del sector inmobiliario.












