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Los sindicatos con representación en la Función Pública dieron este miércoles un paso clave hacia la futura implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales.
Tras una nueva reunión con el Gobierno, CCOO y CSIF confirmaron avances concretos en el marco de las negociaciones que alcanzan a la Administración General del Estado, las entidades locales y las empresas públicas.
El anuncio se produjo luego de la constitución formal de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, un espacio que ordena el diálogo social para el período 2025-2028 y que incluye subas salariales y reformas estructurales pendientes.
El nuevo acuerdo prevé un incremento salarial acumulado del 11% para los empleados públicos entre 2025 y 2028.
Según detallaron los sindicatos, la comisión servirá para monitorear el cumplimiento de estos compromisos y avanzar en medidas largamente reclamadas por el sector.
Desde CSIF señalaron además que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública confirmó el pago en diciembre de la subida salarial correspondiente a 2025, del 2,5%, con carácter retroactivo desde enero.
Este aumento podrá reflejarse en la nómina mensual o a través de una paga extraordinaria, con la expectativa de que las comunidades autónomas adopten el mismo criterio.
¿Qué implica la reactivación de la Comisión de Seguimiento?
La reactivación de este órgano marca un punto de inflexión tras años de reclamos sindicales por compromisos incumplidos. La comisión permitirá supervisar el nuevo acuerdo marco y, al mismo tiempo, cerrar pendientes del período anterior, correspondiente a los años 2022-2024.
Desde CCOO destacaron que esta instancia facilitó el desbloqueo de cuestiones centrales como la reducción de la jornada laboral, el desarrollo del teletrabajo, la clasificación profesional y la jubilación parcial.
Para el sindicato, se trata de una señal política que habilita avances concretos en derechos laborales dentro del sector público.
La próxima reunión quedó fijada para el 29 de enero, fecha en la que se conformarán los grupos de trabajo específicos. En concreto, el compromiso asumido por los responsables de Función Pública es avanzar hacia la implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado a partir de febrero, siempre que se apruebe el acuerdo definitivo, según informó El País a partir de fuentes sindicales.
Estos espacios abordarán temas de empleo, salud laboral, igualdad y formación en competencias digitales e inteligencia artificial, áreas consideradas estratégicas para la modernización del Estado.
¿Cuándo podría aplicarse la jornada laboral de 35 horas?
Aunque todavía no hay una fecha cerrada para la implementación efectiva de la jornada reducida, los sindicatos confirmaron que el debate ya ingresó en una fase operativa.
CSIF informó que Función Pública mantendrá reuniones en enero con los distintos ministerios para analizar cómo aplicar las 35 horas semanales y el teletrabajo en la Administración General del Estado.
El objetivo es definir criterios comunes que permitan extender el nuevo esquema sin afectar la prestación de los servicios públicos. En este punto, los sindicatos insisten en que la reducción horaria no implique pérdida salarial ni sobrecarga de tareas.
La negociación se presenta como uno de los ejes centrales del nuevo ciclo de diálogo social. De concretarse, la jornada de 35 horas supondrá una de las reformas laborales más relevantes en la Función Pública de los últimos años y un antecedente con impacto directo en las administraciones territoriales y el sector público empresarial.
