España podría rescatar de la pobreza a 270.000 menores con una prestación universal por crianza progresiva de 100 euros al mes, la mejor medida para Unicef para reducir la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil del 34,8%, lo que equivale a 2,7 millones de niños y adolescentes.
En el Día Mundial de la Infancia, Unicef ha presentado un informe que analiza el impacto de cuatro medidas -usando el Panel de Hogares con datos de Hacienda- y su eficacia para terminar con la pobreza infantil en España, la más alta de la UE.
Prestación Universal por Crianza | La nueva pensión para sacar de la pobreza a más de 270.000 niños
En el acto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido también la urgencia de aprobar esa prestación universal por crianza, que el ministerio de Sumar eleva a 200 euros al mes en la negociación con su socio de gobierno de los presupuestos generales del Estado.
“Tenemos que hacer un esfuerzo por aumentar la inversión en políticas públicas para erradicar la pobreza infantil, que tiene un coste de casi 65.000 millones de euros para nuestro país y erradicarla supondría entre 11.000 y 15.000 millones” con esa prestación, ha aseverado.
Para la ministra, “la cuestión es ver una fórmula que garantice que se hace de la mejor manera” y defiende que debe ser universal “para borrar la cuestión estigmatizante”.
Si la prestación fuera de 200 euros al mes, Unicef estima que serían 530.000 los niños que saldrían de la pobreza.
100 euros al mes reducirían un 11% la pobreza infantil monetaria
El análisis simula el impacto de cuatro medidas para estimar cuántos niños se verían beneficiados, así como el coste de cada una de ellas: prestación universal por crianza de 100 y 200 euros mensuales, aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) un 20% y un 40%, subida del salario mínimo (SMI) un 20% y el mismo porcentaje de aumento de la intensidad laboral.
Un 29,2% de los menores está en situación de pobreza monetaria: para un hogar de dos adultos y dos hijos serían los hogares con ingresos inferiores a 2.000 euros.
Unicef apuesta como mejor medida, tanto por coste e impacto como por viabilidad, por la prestación universal por crianza progresiva de 100 euros mensuales, que podría reducir en 3,6 puntos porcentuales la pobreza infantil y casi el doble, el 7%, si la prestación fuera de 200 euros.
“Tendríamos un 11,2% menos de niños y niñas en situación de pobreza, o, dicho de otro modo, más de 270.000 saldrían de ella” con esos 100 euros al mes por hijo, ha explicado José María Vera, director ejecutivo de Unicef España.
El coste de implantarla sería de 3500 millones de euros netos según los cálculos, reduciendo los casi 9.000 millones estimados en las simulaciones si se descuentan las deducciones actuales que tienen las personas con hijos a cargo que hacen la declaración de la renta.
La medida se aplicaría a través de la declaración de la renta “y su cuantía iría aumentando en el futuro y variando en función de la renta, por lo que podría excluir a las más altas”, ha especificado Vera.
Para Unicef, la prestación puede sustituir a los beneficios fiscales actuales, por lo que simplificaría el sistema y optimizaría recursos.
Por ejemplo, con la implantación de la prestación de 100 euros la pobreza infantil bajaría 6 puntos en Melilla, 4,2 en Murcia, 5,1 en Extremadura y 4 en Andalucía, y entre 2 y 3 en Cantabria y Madrid; la prestación de 200 euros generaría una reducción de en torno a 11 puntos en Ceuta y Melilla, 9 en Extremadura y Andalucía, o 5 en Madrid, ha detallado el investigador del Centro de Políticas Económicas de Esade Jorge Galindo.
“La pobreza infantil no puede esperar más, es el momento de actuar porque no hacerlo tiene consecuencias directas en la vida de miles de niños, niñas y adolescentes, pero también un enorme coste para el país. Sabemos qué medidas funcionan, por lo que esta situación no debería prolongarse más”, ha destacado el presidente de Unicef España, Gustavo Suárez-Pertierra.
La pobreza infantil tiene un coste social estimado de más de 63.000 millones de euros anuales —el 5,1% del PIB-, genera brechas educativas de casi dos años y aumenta la incidencia de depresión en un 45% en contextos de pobreza severa; pero también deteriora la salud física y mental de los niños, reduce las oportunidades laborales futuras y aumenta la exposición a viviendas precarias.
Mientras que la tasa de pobreza monetaria para los adultos ha disminuido en los últimos cinco años en 1,7 puntos (del 19,8 al 18,1%), ha crecido casi esa misma cifra para los menores (del 27,4 al 29,2 %), ha recordado el investigador.
Con menor impacto en la reducción de la pobreza y más desigual
El IMV, activado durante la pandemia como prestación estatal no contributiva que garantiza un umbral de ingresos, consigue reducir la pobreza, aunque un 55% de los hogares que podrían beneficiarse no lo solicitan y el complemento de ayuda para la infancia todavía llega a menos, ya que el 72% no lo tramita principalmente por las múltiples barreras burocráticas.
Respecto a las medidas relacionadas con el empleo analizadas (la subida de un 20% del salario mínimo y de la intensidad laboral), impactan menos en la reducción de la pobreza infantil y de manera más desigual, señala.
Una subida adicional del salario mínimo (tras las acumuladas en los últimos años) beneficiaría principalmente a hogares que ya están cerca del umbral de pobreza, mientras que el incremento de intensidad laboral ayuda a menos familias, pero que parten de situaciones más desfavorables.
El estudio calcula que si el SMI se incrementara en un 20 %, la pobreza infantil se reduciría en 5,4 puntos porcentuales en comunidades como Navarra, pero tendría un efecto prácticamente nulo en Madrid, Aragón o Extremadura.
En el caso del incremento del IMV, si este subiera un 40 % la reducción de la pobreza infantil sería de 1,8 puntos; por comunidades autónomas, los datos oscilan entre reducciones de 6,1 puntos porcentuales en las tasas de pobreza infantil en Melilla, hasta apenas el 1% en Cataluña y Baleares.
El estudio recuerda que el riesgo de pobreza o exclusión social infantil es mayor en los hogares monoparentales (el 50 %) y en los que hay adultos migrantes (el 40 % con un adulto y el 50 % con los dos extranjeros).
Las mayores tasas de pobreza y exclusión social se observan en Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha o Canarias, por encima del 40%; mientras que en el otro extremo están Galicia, País Vasco o Baleares, por debajo del 25%.
Fuente: EFE
