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El reciente decreto social, aprobado por el Gobierno y Junts, ha suscitado una nueva inquietud entre los propietarios de viviendas. A partir de ahora, los seguros de impago del alquiler no podrán ser reclamados hasta que los "okupas" sean desalojados de la propiedad.
Esta disposición, que entrará en vigor con la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado, se suma a la parálisis de desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Si bien el objetivo es salvaguardar a las personas en situación de vulnerabilidad, los propietarios se encuentran nuevamente en una situación de desprotección, dado que los procedimientos de recuperación de la vivienda por parte del propietario se ven prolongados.
No podrán cobrar el seguro del Gobierno hasta desalojar a okupas
Una de las soluciones propuestas en este nuevo marco legal son los avales públicos de alquiler. Estos avales garantizarán el pago de las rentas impagas hasta que el propietario logre recuperar la vivienda, así como los daños ocasionados por el inquilino y los costos de suministros no saldados.
Para acceder a estos avales, el inquilino debe cumplir con requisitos específicos, tales como ser menor de 35 años o encontrarse en una situación de vulnerabilidad.
Los avales, administrados por las comunidades autónomas, tienen como objetivo facilitar el acceso al alquiler a jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.
Por el momento, los propietarios deberán aguardar a que se complete el proceso legal para poder reclamar las cantidades adeudadas, con un plazo de seis meses para hacerlo una vez que se haya recuperado la posesión de la vivienda.
Requisitos para que los propietarios puedan cobrar el aval
Para la obtención del aval, el inquilino deberá cumplir con uno de los siguientes requisitos:
- Ser menor de 35 años
- Ser una persona vulnerable conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.
Adicionalmente, para acceder al aval, será imprescindible que la renta del alquiler no supere el índice estatal de referencia, que se deposite la fianza legal correspondiente junto con sus actualizaciones y que tanto el propietario como el inquilino firmen el compromiso relacionado con el aval, de acuerdo con el modelo establecido por la Administración.
El Ejecutivo persigue con esta medida facilitar el acceso al mercado de alquiler y mitigar las dificultades económicas que surgen del acceso a lavivienda.