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A partir de enero de 2026, cientos de trabajadores en España verán una reducción en su salario neto mensual como consecuencia de dos medidas clave de la reforma del sistema de pensiones.
La aplicación de la cuota de solidaridad sobre los salarios más altos y el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) modificarán el detalle de las nóminas con el objetivo de fortalecer los ingresos de la Seguridad Social.
El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones que encabeza Elma Saiz, sostiene que estos ajustes resultan necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. En un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la futura jubilación de la generación del baby boom.
En términos generales, el impacto será moderado pero acumulativo, y afectará de manera desigual según el nivel de ingresos.
Por ese motivo, las autoridades recomiendan revisar con atención las nóminas del primer mes del año para comprender el alcance real de los cambios.
¿Cómo funciona la cuota de solidaridad y a quiénes alcanza?
La cuota de solidaridad se aplica sobre la parte del salario que supera la base máxima de cotización, fijada para 2026 en 5101,2 euros mensuales.
Se trata de una cotización adicional, vigente desde 2025, que no genera derechos futuros sobre la pensión y que se dirige exclusivamente a reforzar la caja del sistema.
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El esquema establece tramos progresivos. Los ingresos que superen hasta un 10% la base máxima cotizan al 1,15%; aquellos que se ubiquen entre un 10% y un 50% lo hacen al 1,25%; y los salarios que excedan ese umbral tributan al 1,46%. De este modo, el mayor esfuerzo recae sobre los sueldos más elevados.
La carga se reparte entre empresa y trabajador. En el tramo intermedio, por ejemplo, el empleador asume el 1,04% y el empleado el 0,21%.
Según las proyecciones oficiales, estos porcentajes aumentarán de forma gradual hasta alcanzar su techo en 2045, cuando el tipo máximo llegará al 7%.
¿Qué impacto tiene el MEI en el salario neto?
Junto a la cuota de solidaridad, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional incrementa su peso en 2026. La cotización pasa del 0,75% al 0,90% del salario bruto y alcanza tanto a trabajadores asalariados como a autónomos, con vigencia prevista al menos hasta 2050.
En el caso de los empleados, el 0,75% corre por cuenta de la empresa y el 0,15% se descuenta del salario del trabajador. Para los autónomos, el aporte resulta íntegro. Aunque el monto mensual parece reducido, su efecto se vuelve perceptible en el cómputo anual.
Un salario bruto de 24.000 euros anuales afrontará un descuento cercano a los tres euros mensuales por este concepto.
La medida apunta a anticipar recursos frente a la presión financiera que se espera en la próxima década, cuando el sistema de pensiones enfrente un aumento significativo de beneficiarios.
Una radiografía salarial que explica el alcance de la medida
Los datos oficiales muestran un mercado laboral con fuertes desigualdades. Según el INE, el salario medio bruto ronda los 2400 euros mensuales, mientras que el salario mediano apenas supera los 2000 euros, lo que implica que la mitad de los trabajadores cobra menos de esa cifra.
Informes de organizaciones como Oxfam Intermón advierten que la brecha salarial sigue en aumento. En muchas grandes empresas, los directivos perciben ingresos más de cien veces superiores a los de un trabajador medio, un contraste que reaviva el debate sobre la equidad del sistema contributivo.
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A nivel territorial, los sueldos más altos se concentran en País Vasco, Madrid y Navarra, mientras que Extremadura, Canarias y Murcia registran los ingresos más bajos.
En ese mapa salarial, las nuevas cotizaciones impactan de forma directa sobre los tramos superiores, aunque el debate sobre su eficacia y justicia fiscal permanece abierto.