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El Gobierno aprobará este martes un nuevo objetivo de déficit público del 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2027, una cifra que mantiene la hoja de ruta prevista en el plan fiscal y estructural 2025-2029.
La mayor parte del desequilibrio recaerá sobre la Administración central, mientras que las comunidades autónomas, la Seguridad Social y las entidades locales tendrán objetivos diferenciados.
El Consejo de Ministros dará luz verde a esta senda de estabilidad en un contexto de negociación política, ya que el Ejecutivo necesitará reunir apoyos suficientes para lograr su aprobación en el Congreso.
¿Cómo se repartirá el déficit entre las distintas administraciones?
Según explicó el ministro de Hacienda, Arcadi España, el déficit del 1,8% del PIB se distribuirá de forma desigual entre las administraciones públicas.
La Administración central asumirá un déficit del 1,5% del PIB, aunque el ministro precisó que 1,2 puntos porcentuales corresponden a transferencias destinadas a financiar la Seguridad Social. Además, otra décima responde a la recaudación del impuesto a la banca que posteriormente se transfiere a las comunidades autónomas.
Por su parte, la Seguridad Social contará con un objetivo de déficit del 0,2 % del PIB, mientras que las comunidades autónomas tendrán un margen del 0,1 % del PIB, una cifra que ya fue aprobada este lunes durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las entidades locales, en cambio, deberán mantener el equilibrio presupuestario.
¿Qué obstáculos enfrenta el Gobierno para aprobar esta senda?
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo deberá llevar la senda de estabilidad al Congreso de los Diputados, donde necesitará el respaldo de una mayoría parlamentaria.
El ministro aseguró que negociará con todos los grupos para intentar sacar adelante la propuesta. Sin embargo, el proceso no será sencillo, ya que Junts ha adelantado que votará en contra si el reparto del déficit autonómico mantiene los mismos criterios aplicados el año anterior.
El objetivo del Ejecutivo consiste en mantener la planificación fiscal comprometida con la Unión Europea para el período 2025-2029, al tiempo que intenta garantizar el respaldo parlamentario necesario para que las cuentas públicas continúen su tramitación.