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El Ministerio de Trabajo reunirá mañana al comité de expertos encargado de elaborar la primera propuesta para la nueva subida del salario mínimointerprofesional (SMI) que regirá en 2026.
El SMI se encuentra actualmente en 1184 euros brutos al mes en 14 pagas y ha registrado un incremento acumulado del 60 % desde 2018.
La reunión supone el inicio de un proceso en el que, aunque el comité presenta una horquilla de recomendaciones, la decisión final corresponde al Ejecutivo.
En los últimos años, las alzas fueron pactadas con UGT y CCOO, mientras que las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme se mantuvieron al margen. La negociación vuelve a abrir un frente político dentro del propio Gobierno y marcará el pulso con los agentes sociales.
¿Qué cambios legales prevé impulsar el Ministerio de Trabajo?
La cartera que dirige Yolanda Díaz quiere aprovechar este nuevo proceso para modificar la legislación y transponer la directiva europea sobre salarios mínimos.
El objetivo central es impedir que las empresas compensen las subidas del SMI con la absorción de pluses y complementos salariales, una práctica cuestionada por los sindicatos desde hace años.
Este cambio normativo podría convertirse en el eje más conflictivo de la negociación, ya que plantea un rediseño de la estructura retributiva en numerosos sectores.
Los sindicatos lo consideran imprescindible para garantizar una subida "real" del salario, mientras que las patronales advierten de un encarecimiento de los costes laborales que afectaría a la competitividad de las empresas.
Además, se reabre la discusión fiscal. En la anterior subida del SMI surgió una división dentro del Gobierno, ya que la parte socialista rechazó la posibilidad de dejar exentas de IRPF estas retribuciones mínimas. El debate podría volver a tensar la coalición en vísperas de un año clave en materia económica.
¿Cuál será la estrategia sindical y empresarial?
Las centrales sindicales han adelantado que presentarán una propuesta ofensiva, todavía por definir, pero con el propósito firme de terminar con la absorción de pluses y garantizar que la revalorización se refleje en el bolsillo de los trabajadores.
UGT y CCOO insisten en que el SMI debe consolidarse como un instrumento para reducir la desigualdad salarial y reforzar la cohesión social.
En el lado empresarial, la CEOE y Cepyme ya se han distanciado en anteriores negociaciones y podrían repetir esa estrategia. Argumentan que nuevas alzas del SMI, sin acompañamiento de incentivos fiscales o reducciones de cargas, afectan de manera desproporcionada a pymes y autónomos.
El resultado de este proceso tendrá un impacto directo sobre 2,4 millones de asalariados, el 12,9 % del total en España. Con el incremento del año pasado del 4,4 %, el Gobierno consolidó un perfil de fuerte revalorización del SMI, pero la incógnita sigue siendo hasta dónde está dispuesto a llegar en 2026 y cómo equilibrará la presión sindical con las advertencias empresariales.
