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Aena afronta un conflicto con su principal accionista privado The Children's Investment Fund (TCI), fondo que actualmente controla el 6% del capital del gestor aeroportuario.
El detonante es el temor de TCI de que las comunidades autónomas accedan a la gestión de los aeropuertos de interés general, incertidumbre que le llevó a exigir al presidente de la empresa, Maurici Lucena, un compromiso firme para impedir que Aena ceda competencias a las regiones españolas.
La respuesta del gestor fue inmediata y llegó a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que asegura que su reacción a cualquier injerencia política sería "inmediata y contundente" y recordó que la actual estructura legal y accionarial protege sólidamente el modelo de red integrada.
En el medio, otros dos actores que también dijeron lo suyo: Ryanair que, por medio de su consejero delegado, Michael O'Leary, reclamó romper el "monopolio de Aena y transferir la gestión de los aeropuertos a las comunidades autónomas", asegurando que las tarifas españolas son "las más altas de Europa", motivo por el cual recortó un millón de plazas para la temporada de invierno.
Y las propias comunidades autónomas que buscan participar en la gestión aeroportuaria, como Baleares, Andalucía, Canarias, País Vasco y Cataluña, solicitud que hizo a través del registro en el Congreso de una propuesta para constituir una filial de Aena en Cataluña que gestione El Prat, Girona, Reus y Sabadell de forma separada.
Pero centrémonos en el foco de la cuestión.
TCI en estado de alerta
El fondo que lidera Chris Hohn mostró su "alarma" por la "escalada de presiones regulatorias y políticas" porque ve en riesgo el modelo de negocio que rige para los aeropuertos de España, como también pondrían en peligro el valor de su inversión.
Así se lo hizo saber tanto al consejo de administración de Aena, como al presidente de la compañía, Maurici Lucena, por las que les pide un compromiso inequívoco para mantener la propiedad y el modelo de gobernanza actual.
En concreto, lo que Hohn solicita es no fragmentar la red por motivos políticos, por lo que pide que se rechace cualquier intento para socavar el marco regulatorio, porque "debilitaría la confianza inversora; y que asegure que sus inversiones se remuneran de una forma adecuada".
Asimismo, y con la vista puesta en la presión que están ejerciendo distintas comunidades autónomas para participar en la gestión de sus aeropuertos, el fondo considera que fragmentar la red nacional o ceder competencias a las autonomías sería ilegal e inconstitucional y advierte de que introduciría burocracia, inseguridad jurídica y un encarecimiento de la financiación.
En sus argumentaciones se aferra, además, que la Constitución y la ley 18/2014, que reguló a Aena con motivo de su salida a Bolsa, son muy claras en que los aeropuertos de interés general son competencia estatal y que es la Administración Central la que debe gestionar directamente esas infraestructuras.
Para entender la incertidumbre de TCI hay que enmarcarla en el plan inversor que el día 18 de este mes anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que involucra 12.888 millones de euros en el periodo 2027-2031. Vale recordar que el Estado, a través de Enaire, que depende del Ministerio de Transportes, controla el 51% del operador aeroportuario.
De los 12.888 millones de euros, 9.991 millones corresponden a inversiones reguladas (las no reguladas son las actividades comerciales), cifra que el operador deberá someter a consultas con las aerolíneas, dado que ese importe se financia con tasas aeroportuarias, cuyos montos son objeto de críticas por las aerolíneas por abultadas.
Ahí está el caso de Raynair que el pasado 3 de septiembre, como ya se dijo, anunció el recorte de un millón de plazas para la temporada de invierno, y cuyo CEO reclamó romper el "monopolio de Aena y transferir la gestión de los aeropuertos a las comunidades autónomas, bajo el argumento que las tarifas españolas son "las más altas de Europa".
La respuesta de AENA
En el comunicado remitido a CNMV en el que asegura que su reacción a cualquier injerencia política sería "inmediata y contundente" y en el que también recuerda que la actual estructura legal y accionarial protege sólidamente el modelo de red integrada, afirma que viene haciendo un seguimiento constante y detallado de cualquier posible iniciativa política en este terreno, aunque a día de hoy, no hay ninguna propuesta con suficiente madurez como para exigir una respuesta.
Añade, además, que se está supervisando cualquier posible decisión en este ámbito para evaluar su potencial impacto en la compañía.
Más turbulencias
En este caso son las provocadas por el vuelo rasante que hizo JP Morgan sobre Aena. Hoy viernes, el banco de inversión rebajó su recomendación de los títulos de la gestora desde "neutral" a "infraponderar", y redujo el precio objetivo de los 23 a los 21 euros por acción, una revisión que, en la práctica, advierte de un potencial de caída cercano al 8% respecto a los niveles actuales.
JP Morgan basa su decisión en un cambio de escenario. Dice que tras la euforia de la recuperación pospandemia, el tráfico aéreo se normaliza, los costes operativos presionan los márgenes y el contexto macroeconómico, marcado por la inflación y la incertidumbre geopolítica, pone freno a las expectativas de crecimiento.
Así las cosas, la entidad neoyorquina piensa que Aena afronta más riesgos que oportunidades en el corto plazo, en contraste con el tono de los últimos meses en el parqué, donde la compañía se consolidó como uno de los valores defensivos favoritos dentro del Ibex 35.
Promediando la sesión, la acción de Aena cae un 1,61%, cuando a la mañana llegó a desvalorizarse poco más del 2%. Con todo supera el precio objetivo marcado por JP Morgan, ya que el papel se está comercializando a 22,86 euros, mientras en lo que va de año se revalorizó un 15,96%, con el valor actual.