El Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, ha presentado este mes el informe encargado a un grupo de asesores que el Gobierno quiere usar como base para una futura ley que garantice la representación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y el acceso a su capital. La propuesta gira en torno a un plan de “herencia” de la propiedad a los trabajadores en las pymes. Las conclusiones hacen referencia expresa a las pequeñas y medianas empresas, a las que quieren imponer un “plan de transición de la propiedad a los trabajadores” si no tienen asegurado que un familiar tomará las riendas cuando sus propietarios decidan jubilarse. El objetivo es reforzar la participación de los trabajadores en la gobernanza y en el capital social. El documento elaborado por académicos establece que en empresas que tengan entre 25 y 2000 empleados, más del 2% del capital social debe ser propiedad de los trabajadores. Si el Ejecutivo sigue adelante, el plan de transición de la propiedad a los trabajadores afectaría a todas las empresas dentro de ese rango. El informe señala que, incluso si las empresas tienen definido su relevo generacional, la medida podría aplicarse igualmente. El plan de transición de la propiedad a los trabajadores no quedaría limitado a casos sin sucesión familiar clara. Tras fijar el umbral del 2% del capital social, el texto introduce el problema del envejecimiento poblacional, con especial incidencia en zonas rurales. Este contexto impulsa la idea de facilitar que la empresa quede en manos de los trabajadores y penalizar la venta a fondos de inversión. El comité nombrado por Yolanda Díaz sitúa el apoyo público a la compra de las pymes por parte de los trabajadores como “la máxima prioridad para las autoridades españolas como alternativa viable a las opciones de capital riesgo o fondos extranjeros”. La defensa del control local y del empleo aparece como argumento central. La propuesta incluye la creación de Fondos Ciudadanos, creados por el Gobierno central y las comunidades autónomas, para favorecer que los trabajadores puedan acceder al capital de las empresas ante una jubilación. Estos instrumentos serían clave dentro del plan de transición de la propiedad a los trabajadores. El informe advierte que un tercio de los propietarios de pymes europeos se jubilará en la próxima década, lo que podría poner en riesgo unos 600.000 puestos de trabajo cada año. En paralelo, crecen las adquisiciones y fusiones con competidores más grandes y extranjeros frente a las transferencias familiares. En España, entre un 70% y un 90% de las empresas familiares no cuentan con plan de sucesión formal. El comité considera que los modelos Employee Stock Ownership Plans en EEUU o Employee Owernship Trusts en Reino Unido son la vía idónea para afrontar el reto de la sucesión generacional en las pymes españolas. Los expertos reconocen barreras para que los trabajadores puedan asumir la propiedad. Por ello, plantean que la obligación para las pymes vaya acompañada de medidas públicas y un periodo transitorio para revisar la normativa española y dar apoyo fiscal. Entre las propuestas figura aplicar un tipo impositivo más favorable durante tres años para las empresas que den titularidad a los trabajadores. También se plantea una sanción fiscal para las empresas que no cumplan con la obligación de elaborar el plan de transición de la propiedad a los trabajadores. El grupo asesor apunta además a la contratación pública como palanca de cambio. Sugieren que las empresas que concurran a licitaciones realicen una autoevaluación sobre cómo integran la participación de los trabajadores en su gobernanza y estructura de propiedad, criterio que podría influir en la adjudicación y exigir revisar la Ley de Contratos del Sector Público. Por ahora, se trata de una propuesta académica para el desarrollo de la democracia en el trabajo. El Ministerio de Trabajo ha comunicado su intención de abrir una mesa de diálogo social con la patronal y los sindicatos, aunque sin fecha concreta. En su presentación, Díaz recordó que esta iniciativa figuraba en el acuerdo de Gobierno con el PSOE y en su plan normativo.