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El Gobierno español ha dado un paso más en su política de movilidad al alcanzar un acuerdo que endurece las exigencias a las grandes empresas. El PSOE y Sumar pactaron que todas las compañías con más de 200 empleados deberán contar con planes de movilidad sostenible al trabajo.
La medida se enmarca en la futura Ley de Movilidad Sostenible, que será debatida y previsiblemente aprobada en la Comisión de Transportes del Congreso.
El cambio no es menor. En la propuesta inicial del Ejecutivo, la obligatoriedad se aplicaba a empresas con más de 500 trabajadores o 250 por turno. Sin embargo, la presión de Sumar logró reducir ese umbral a 200 empleados o 100 por turno, lo que implica que más compañías estarán obligadas a ofrecer alternativas de transporte a sus plantillas.
El acuerdo incluye, además, un esquema voluntario para aquellas firmas con más de 100 trabajadores o 50 por turno, que podrán acceder a subvenciones del Ministerio de Transportes.
El pacto llega tras semanas de negociaciones en el Congreso. El portavoz de Sumar en la Comisión de Transportes, Alberto Ibáñez, celebró el consenso alcanzado. En declaraciones a EFE, aseguró: "teniendo en cuenta que la movilidad al trabajo es, junto a la movilidad de ir a la escuela, la fundamental en este país, se avanza mucho y es una de las partes de la ley más importantes".
Ley de Movilidad Sostenible y empresas: un nuevo escenario
La modificación acordada introduce un plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la norma para que las empresas implementen estos planes, salvo que la legislación autonómica ya contemple parámetros más exigentes. En comunidades como el País Vasco, el límite ya está fijado en 100 empleados.
La obligatoriedad también alcanzará a entidades del sector público estatal y podrá extenderse a otras instituciones públicas, en función de lo que establezcan las administraciones territoriales.
En este sentido, la normativa busca homogeneizar criterios en todo el país, aunque con márgenes de flexibilidad en función de las regulaciones locales.
Cómo funcionarán los planes de movilidad sostenible
Los planes no serán simples documentos, sino proyectos negociados entre las empresas y la representación legal de los trabajadores. En los casos en que no exista representación, se formará una comisión con representantes de la compañía y de los sindicatos del sector correspondiente.
Según lo establecido en el acuerdo, estos planes deberán incluir medidas para fomentar la movilidad activa -como caminar o el uso de la bicicleta-, potenciar el transporte público, incentivar la movilidad eléctrica y compartida, así como promover la organización colaborativa de los desplazamientos.
El portavoz de Sumar, Alberto Ibáñez, detalló que el objetivo ahora es ampliar el alcance de la medida a otros ámbitos: "además de cerrar este acuerdo 'satisfactorio' en forma de enmienda transaccional al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, su intención es 'negociar para bajar a cien trabajadores en la ley de industria, vinculándolo a los polígonos industriales'".
Impacto en las empresas y en la movilidad urbana
Con esta decisión, miles de empresas deberán revisar sus políticas internas de transporte. El cambio responde a la necesidad de reducir las emisiones contaminantes, disminuir la congestión urbana y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible.
El debate sobre el coste económico también ha entrado en la agenda. Para el sector privado, la implementación de planes de movilidad supondrá una inversión inicial, pero desde el oficialismo sostienen que los beneficios en términos de productividad, salud laboral y reducción de la huella de carbono justifican la medida.
En el ámbito político, el acuerdo refuerza la posición de Sumar dentro de la coalición de Gobierno, mostrando su capacidad para influir en una ley clave de la agenda verde. Mientras tanto, el PSOE garantiza la aprobación de un texto más ambicioso que el inicialmente planteado.