

El Gobierno aprobó un real decreto que moderniza la regulación de la aviación ultraligera en España y establece cambios en los procedimientos de contratación pública para los servicios de transporte de viajeros por carretera.
La medida busca adaptar la normativa nacional a los estándares de la Unión Europea y mejorar la competencia en el sector del transporte terrestre.
La nueva regulación introduce modificaciones en el ámbito aeronáutico y en el sistema de concesiones de rutas de autobús, con el objetivo de simplificar procedimientos, facilitar la participación de empresas y reforzar la eficiencia en la prestación de servicios públicos de transporte.
¿Qué cambios introduce la nueva normativa para la aviación ultraligera?
El decreto adapta la normativa española a la regulación europea para facilitar la interoperabilidad entre aeronaves ultraligeras sujetas a legislación nacional y aquellas reguladas por el marco comunitario. Esta armonización busca simplificar la operativa de pilotos y aeronaves dentro del espacio aéreo europeo.

Uno de los cambios más relevantes establece que los pilotos con licencias europeas - como LAPL, PPL, CPL o ATPL- podrán operar aeronaves ultraligeras motorizadas en España sin necesidad de obtener la licencia nacional específica de piloto de ultraligero emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Además, el real decreto abre una nueva vía para que instructores y examinadores reconocidos dentro del marco europeo puedan desempeñar estas funciones en el ámbito de la aviación ultraligera.
También modifica la vigencia de las habilitaciones asociadas a estas licencias, que pasarán a tener carácter indefinido, siempre que los pilotos acrediten experiencia reciente en aeronaves equivalentes.
¿Cómo afecta el decreto a las concesiones de transporte por carretera?
La normativa también introduce cambios en el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres con el objetivo de precisar los procedimientos de contratación pública para los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera.

En concreto, el decreto establece que las condiciones de solvencia técnica, profesional y económica exigidas en los procesos de licitación podrán acreditarse de forma acumulativa entre empresas. Este mecanismo permitirá que varias compañías participen de manera conjunta en concursos para concesiones de transporte público.
Según el Ministerio de Transportes, esta modificación se alinea con la Ley de Contratos del Sector Público y busca ampliar la concurrencia de candidatos en los procesos de adjudicación.
Con una mayor competencia entre operadores, el Gobierno espera mejorar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios de transporte para los usuarios.









