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La okupación de viviendas sigue siendo una de las preocupaciones centrales del mercado inmobiliario en España. Según datos recientes, cerca del 2,6% de los inmuebles actualmente en venta están okupados. Esto representa más de 20000 propiedades identificadas en portales como Idealista durante el último trimestre de 2024.
El fenómeno se agrava en paralelo con el aumento de denuncias registradas en todo el país. En 2024, se contabilizaron 16.426 casos de okupación, un 7,4% más que el año anterior. El dato incluye tanto delitos de usurpación como de allanamiento, y refleja un patrón creciente que incide directamente en la oferta de vivienda disponible.
Girona, Murcia y Sevilla lideran la lista de provincias más afectadas
El mapa de la okupación no es homogéneo. Cataluña concentra más del 42% de los casos totales con 7009 denuncias solo en 2024, seguida por Andalucía (2207), Comunidad Valenciana (1767) y Madrid (1451). En términos relativos, destaca Girona, donde el 8,8% de las viviendas en venta están ocupadas ilegalmente. Le siguen Murcia (5,5%), Sevilla (4,7%), Almería (3,9%), Málaga (3,8%) y Santa Cruz de Tenerife (3,5%).
También figuran entre las más afectadas Barcelona, Huelva, Palma, Tarragona y Las Palmas de Gran Canaria, con cifras entre el 2,7% y el 3,4%. A nivel provincial, Barcelona encabeza el número total de viviendas okupadas puestas en venta, con 6778 inmuebles, seguida de Madrid (1389), Murcia (1236), Alicante (1160), Málaga (1130) y Girona (1101).
El impacto regional también se refleja en los precios. En estos mercados, los pisos con okupas se comercializan entre un 30% y un 50% por debajo de su valor de mercado. Esta diferencia atrae a ciertos inversores, pero también refleja un deterioro en la seguridad jurídica para compradores y propietarios.
El largo proceso judicial y la falta de vivienda social agravan el panorama
El principal obstáculo para resolver estas situaciones es el tiempo judicial. Los procedimientos de desalojo pueden extenderse hasta 23 meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Esta dilación provoca que muchos propietarios decidan vender los inmuebles a bajo precio, aun sabiendo que están ocupados.
Al mismo tiempo, España tiene un grave déficit de vivienda social, con apenas 1,3 viviendas por cada 100 habitantes, frente al promedio europeo del 3,2%. Esta falta de alternativas habitacionales también está en la base del crecimiento de la okupación, ya que muchas familias en situación precaria optan por entrar en pisos vacíos ante la imposibilidad de alquilar en condiciones formales.
Para los compradores, adquirir una vivienda okupada implica riesgos añadidos: procesos judiciales prolongados, deterioro de la propiedad y dificultad para obtener financiación bancaria, ya que muchas entidades no otorgan hipotecas sobre inmuebles con posesión irregular. Además, se estima que el 60% de estas operaciones involucra una negociación directa con los ocupantes antes de formalizar la venta.
Desde el punto de vista del mercado, esta situación tiene efectos de arrastre. Portales como Idealista advierten que la desconfianza generada ha llevado a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado de alquiler, lo que a su vez contribuye a elevar la tensión sobre la oferta disponible.
