La Comisión Europea presentó una propuesta para crear un marco societario común en los 27 países del bloque con la intención de acelerar el nacimiento y el crecimiento de startups y empresas innovadoras. El plan, conocido como EU Inc. o “régimen 28”, busca reducir trabas, recortar costes y unificar reglas para operar dentro del mercado único. Además, la documentación se presentaría una sola vez ante una ventanilla europea, con transmisión automática de datos fiscales y de IVA a las autoridades correspondientes. La propuesta también prevé que la gestión de la compañía durante toda su vida societaria pase al entorno digital. Eso incluye operaciones internas, cambios de capital, transferencias de participaciones y hasta procesos de insolvencia y liquidación, con el objetivo de simplificar tanto la expansión como el cierre de proyectos empresariales. El esquema está pensado para startups y firmas innovadoras que cumplan determinados requisitos. Entre ellos, la Comisión contempla a compañías de menos de diez años, con menos de 100 empleados y una facturación inferior a 10 millones de euros, además de parámetros ligados a inversión en investigación y desarrollo. El alcance no se limita a las empresas pequeñas en etapa inicial. Bruselas también abre la puerta a compañías en fase de escalado, con mayor facturación y crecimiento sostenido del empleo, siempre que mantengan un perfil innovador y no coticen en bolsa. Otro punto central pasa por la financiación y el talento. La propuesta respalda instrumentos modernos de inversión, facilita el acceso a los mercados de capitales si los Estados miembros lo permiten y contempla un esquema común para opciones sobre acciones destinadas a empleados, una herramienta habitual en el ecosistema emprendedor. Por ahora, no se trata de una norma vigente. La Comisión Europea presentó la propuesta el 18 de marzo de 2026, pero el texto todavía debe atravesar la negociación entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo antes de su aprobación definitiva. Hoy, muchas empresas deben adaptarse a marcos nacionales distintos para abrirse, financiarse o expandirse dentro de la propia Unión. Con este régimen opcional, la Comisión intenta ofrecer una vía uniforme de escala europea. La iniciativa, además, incluye salvaguardias para evitar abusos, prácticas discriminatorias o vacíos en materia laboral y social. Incluso plantea que los países estudien la creación de juzgados o salas especializadas para resolver conflictos societarios vinculados a este nuevo sistema.