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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha confirmado una medida para los trabajadores en España: quienes cobren menos de 1.350 euros mensuales podrán combinar su salario con la prestación por desempleo. Esta compatibilidad, ya en vigor desde el 1 de abril de 2025, forma parte del Real Decreto-ley 2/2024 aprobado por el Gobierno.
La iniciativa, liderada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y gestionada por el SEPE, está diseñada para facilitar la reinserción laboral sin que los beneficiarios pierdan el respaldo económico del paro.
Requisitos del SEPE para que los trabajadores compatibilicen el paro con su sueldo
Según lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2024, los trabajadores que deseen acogerse a esta compatibilidad deben cumplir una serie de requisitos establecidos por el SEPE. El primero de ellos es haber cobrado la prestación por desempleo durante al menos 12 meses, y haberla percibido de forma efectiva durante un mínimo de nueve meses.
Además, el contrato de trabajo no puede proceder de una empresa en la que el solicitante haya trabajado en los últimos 12 meses, ni puede pertenecer a compañías que estén actualmente inmersas en un ERTE o ERE. También es obligatorio que el nuevo salario no supere el 225% del IPREM mensual, es decir, que no exceda los 1.350 euros al mes.
Los beneficiarios recibirán un complemento económico de hasta 480 euros, equivalente al 80 % del IPREM. Este importe se reducirá de forma gradual a lo largo de seis meses para fomentar la búsqueda de empleo más estable.
Cómo gestiona el SEPE la solicitud y el control de esta ayuda
El proceso para acceder a esta medida del SEPE se podrá realizar mayoritariamente por vía telemática a través de su sede electrónica, aunque también está disponible la opción presencial mediante cita previa en las oficinas del organismo.
Para completar la solicitud, los trabajadores deberán presentar documentación como el contrato de trabajo y un certificado que acredite el salario previsto.
Además, el control del cumplimiento recaerá en la Inspección de Trabajo, que supervisará que las contrataciones no respondan a vínculos familiares ni a despidos simulados.