El uso del dinero en metálico continúa cediendo espacio frente a las alternativas digitales en España, aunque la ley protege el derecho de los consumidores a elegir cómo abonar sus compras. Aun así, existen situaciones puntuales en las que los establecimientos pueden negarse a aceptar efectivo.
La normativa vigente establece que un negocio solo puede rechazar un pago en dos supuestos: cuando el cliente pretenda entregar más de 50 monedas o cuando la operación supere los 1000 euros en metálico, límite legal fijado para evitar el fraude fiscal.
Fuera de esos casos, cualquier negativa sería contraria a la Ley 7/2012, que garantiza la validez del dinero en efectivo como medio de pago en todo el país.
¿Qué ocurre con los pagos con tarjeta?
El marco regulatorio también aclara dudas sobre el uso de tarjetas bancarias. El conocido "cobro mínimo con tarjeta" es legal únicamente hasta los 30 euros, siempre que esté visible en el local.
No obstante, los comercios no están obligados a disponer de datáfono, lo que implica que, si se supera esa cifra, deben ofrecer al cliente una alternativa de pago en efectivo.
Además, las normas prohíben que pagar con tarjeta resulte más caro que hacerlo con metálico. Es decir, no se pueden añadir comisiones ni recargos por utilizar débito o crédito, según lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2014.
Esta protección busca asegurar que la elección del método de pago dependa únicamente de la comodidad del consumidor y no de sobrecostes injustificados.
Impacto en la libertad de los pagos
Los expertos advierten que la progresiva digitalización de los medios de pago está reduciendo el margen de libertad de los ciudadanos.
Un estudio recientereveló que uno de cada tres españoles se vio impedido de pagar en efectivo en alguna ocasión, pese a que la ley solo contempla dos excepciones para su rechazo.
La combinación de límites legales al metálico, requisitos para la tarjeta y la creciente presión hacia sistemas digitales plantea un debate abierto sobre la verdadera libertad de elección de los consumidores en España.
La regulación intenta equilibrar prevención del fraude y facilidades modernas, pero para muchos clientes la sensación es clara: cada vez resulta más difícil pagar como uno quiere.