En esta noticia
El Gobierno decidió mejorar su propuesta salarial para los empleados públicos y presentó a los sindicatos un aumento total del 11% para el periodo 2025-2028.
La nueva oferta intenta responder al rechazo sindical del día anterior y coloca el debate en el centro de la agenda laboral, mientras las centrales evalúan si el esquema garantiza la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública mantuvo un nuevo encuentro con CCOO, UGT y CSIF. La oferta plantea que la mayor parte de la mejora se aplicará en la segunda mitad del periodo, lo que genera reparos en las organizaciones sindicales.
Aun así, los representantes reconocen que existe margen para analizar la propuesta y avanzar hacia un acuerdo más amplio que incluya medidas estructurales pendientes. El Ejecutivo, por su parte, dejó claro que “no hay plan B” y que espera una respuesta en la reunión del lunes.
¿Qué reclaman los sindicatos para aceptar el aumento salarial?
Los sindicatos sostienen que el debate no puede limitarse a un porcentaje global. CCOO considera que la oferta amerita una revisión cuidadosa, aunque advierte que cualquier entendimiento exige recuperar la jubilación parcial, impulsar la jornada de 35 horas y actualizar la clasificación profesional de técnicos superiores y de grado medio.
Desde la central remarcan que la congelación salarial de hecho que sufren miles de trabajadores públicos obliga a un acuerdo integral que contemple no solo el bolsillo, sino también las condiciones laborales.
UGT evalúa la propuesta con mayor disposición, aunque condiciona su apoyo a que la mayor parte del incremento se materialice en 2027.
La organización subraya la necesidad de fortalecer la promoción interna y eliminar la tasa de reposición, dos puntos que consideran cruciales para modernizar el empleo público.
Su secretaria general, Isabel Araque, calculó que, si 2025 y 2026 no pueden superar conjuntamente el 4%, entonces 2027 debería concentrar un alza del 5 % para garantizar un 9% acumulado al iniciar ese año.
CSIF, por su parte, reconoce que el punto adicional añadido por el Gobierno mejora la oferta, aunque insiste en fortalecer los incrementos de los dos primeros años para garantizar seguridad jurídica.
La central recordó que sin una mejora inicial más sólida no descartan volver a las calles, pese a que aseguran que seguirán negociando hasta el final.
¿Cuál es el impacto económico y político del nuevo esquema planteado por el Gobierno?
El Ejecutivo calcula que la propuesta costará 222.000 millones de euros durante todo el periodo. El monto incluye el 1% adicional incorporado en las últimas 24 horas, una señal que busca mostrar flexibilidad y disposición para alcanzar acuerdos tras el rechazo sindical inicial.
El Gobierno sostiene que el paquete debe ser evaluado como un todo, ya que pretende equilibrar la sostenibilidad fiscal con la necesidad de recomponer salarios.
La negociación ocurre en un clima tenso: CCOO llegó a amenazar con una huelga general en diciembre si la oferta no se fortalecía, mientras UGT y CSIF también habían mostrado reparos. La reunión de este jueves marcó un giro en el diálogo, aunque aún persisten diferencias sobre el ritmo y la distribución anual de los incrementos.
El Ejecutivo recuerda que la primera propuesta, presentada hace dos semanas, combinaba tramos fijos y variables para evitar más pérdida de poder adquisitivo.
Sin embargo, los sindicatos exigieron un incremento diferenciado para 2025, lo que llevó al Gobierno a reformular su planteo. Ahora, con un 11% total sobre la mesa, el desafío será encontrar un punto de equilibrio que permita sellar un acuerdo antes de fin de año.