El Tribunal Supremo ha fallado a favor de una mujer de 61 años que presenta una incapacidad permanente absoluta, permitiéndole así recibir y mantener el cobro de una pensión compensatoria de 850 euros mensuales. Anteriormente, su exmarido intentó extinguir dicha ayuda argumentando el cese de su actividad laboral. El Alto Tribunal ha rectificado y anulado la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Palencia, la cual había dejado a la mujer sin ingresos provenientes de su expareja. Según se detalla en la sentencia STS 5252/2025, el conflicto se originó en el divorcio de mutuo acuerdo firmado en 2011. En el convenio de divorcio se estableció inicialmente una pensión compensatoria de 1000 euros y el exmarido solicitó su extinción tras vender la licencia de su estanco y cesar su actividad, argumentando que ya no contaba con los medios para abonarla. La Audiencia Provincial procedió a extinguir la compensatoria, dejando a la mujer sin dicha ayuda, aunque no eliminó su pensión por incapacidad. El Tribunal Supremo se ha mostrado tajante al rechazar el criterio de la Audiencia Provincial, calificando de incorrecta la valoración de la capacidad económica del exmarido. La sentencia detalla que la decisión del hombre de vender el estanco antes de los 65 años fue un acto voluntario, que le generó un beneficio patrimonial inmediato. La Sala explica que no es admisible extinguir la pensión basándose solo en los ingresos mensuales actuales del hombre, que son “unos 530 euros por el alquiler de un local”, sin tener en cuenta el capital líquido que obtuvo con la operación. Por esta razón, el Supremo casó la sentencia de la Audiencia Provincial y devolvió el derecho a la pensión compensatoria, al considerar que no se había valorado correctamente la situación económica del exmarido. Ante el cese de la pensión, la mujer recurrió al Supremo para alegar que su situación de necesidad no había cambiado en lo absoluto. Con 59 años en el momento del juicio y una incapacidad absoluta reconocida desde 2007, carecía de cualquier posibilidad real de volver al mercado laboral o mejorar su fortuna. La sentencia explica que, si bien ahora el exmarido cuenta con capital para pagar, esa situación cambiará sustancialmente cuando cumpla los 65 años. El tribunal entiende que en esa fecha el hombre pasará a depender de su pensión de jubilación. Es por eso que el Tribunal Supremo ha decidido fijar la pensión final en 850 euros al mes con una fecha de caducidad clara. En noviembre de 2027 la mujer dejará de cobrar su ayuda para garantizar la sustentabilidad de ambas partes. El Tribunal Supremo consideró que mantener la pensión indefinidamente no era sostenible y fijó un límite temporal: la pensión compensatoria continuará siendo de 850 euros mensuales hasta noviembre de 2027, cuando el exmarido alcanzará la edad de jubilación.