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El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen el objetivo de optimizar el tráfico en los centros de las ciudades a través de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el país. Estas áreas especiales tienen el propósito principal de reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire.
A medida que se confirman nuevas localidades con ZBE, las limitaciones de circulación aumentan de manera proporcional. De esta manera, los especialistas predicen que a corto plazo ya no será suficiente con disponer de un vehículo con etiqueta ECO o Cero Emisiones, sino que se deberán cumplir otros requisitos más específicos.
En el último borrador de Real Decreto presentado por el Gobierno se ha introducido un nuevo artículo que instará a prohibir la entrada en las ZBE a los vehículos que no circulen con una alta ocupación. El borrador con estas nuevas medidas para controlar el tráfico ya ha pasado por la consulta pública durante el pasado mes de junio y entre el verano y otoño se dará paso a la fase de informe y la revisión jurídica.
El Gobierno podría prohibir circular de a una sola persona por coche
Junto a los actuales criterios de catalogación medioambiental por medio de etiquetas de la DGT, si se aprueba este decreto los ayuntamientos podrán limitar ya la movilidad según nuevos factores. Entre ellos se encuentra la ocupación de los vehículos, de un modo similar al que efectúan hoy los carriles VAO que hay en los accesos a algunas grandes ciudades.
Los carriles VAO sirven para descongestionar algunas de las carreteras más transitadas al regular que se circule por ellos con un mínimo de dos personas. Sin embargo, estos carriles tienen una extensión pequeña en comparación con las ZBE que, según los datos de un estudio de Bipi, ya superan el área de más de 100.000 campos de fútbol.
Actualmente, solo 53 municipios tienen Zonas de Bajas Emisiones activas, lo que representa un 31,8% del total de los que estarían obligados a implementarlas por tener más de 50.000 habitantes.
El director de la DGT, Pere Navarro, ya había anticipado esta idea al afirmar que "el futuro de los coches será compartido o no será". Según explicó, la iniciativa responde a la necesidad urgente de combatir los atascos que cada día afectan a los principales núcleos urbanos del país.
Los reclamos de los conductores ante las prohibiciones para la libre circulación
Algunos colectivos y asociaciones que representan a grupos de conductores ya se han movilizado en los tribunales al considerar que esta medida puede ser discriminatoria para muchas personas.
Uno de ellos es la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM), que ha denunciado durante meses las ZBE en el país. Ante la prohibición de circular de a una persona por ellas, la agrupación ha anunciado una nueva campaña masiva de alegaciones para el Real Decreto por considerarlo "discriminatorio" y "ausente de informes y de consulta pública previa".
Según informaron desde la asociación, "establecer una restricción en función del número de ocupantes del vehículo supone una discriminación hacia las personas solteras (solteros/as, separados/as, viudos/as, divorciados/as)" y "hacia las familias monoparentales". Para enfatizar su argumento, la asociación ha citado los datos del INE, que indican que a finales de 2023 había 14,9 millones de personas solteras mayores de edad en España, lo que representaría el 36% de la población adulta.
¿A partir de cuándo se prohibirá circular de a una persona por coche?
Según el medio Hoop Carpool, el borrador del Real Decreto que implementará la restricción para circular de a una sola persona ya ha terminado la consulta pública. A partir de ahí, el próximo paso será la fase de informes y la revisión jurídica del armado.
Al tratarse de un proceso complejo, el medio Autopista afirmó que lo más seguro es que el fin de este paso se demore como mínimo hasta terminar la época otoñal. Una vez completado se debería aprobar en un Consejo de Ministros y posteriormente ser publicado en el BOE para obtener la oficialidad definitiva.
Una vez sancionado el Real Decreto, serán los propios ayuntamientos a partir del 2026 los que decidan cuándo y cómo implementar la Ley y sus aristas dentro de sus Zonas de Bajas Emisiones obligatorias.