El Gobierno de España confirmó de forma oficial la reducción de la jornada laboral para un grupo de personas. De esta manera, pasarán a trabajar cerca de una hora menos por día. La medida afecta directamente a los funcionarios pertenecientes a la Administración General del Estado (AGE), cuya actividad dejará de tener 37,5 horas semanales actuales y será de 35 horas semanales. De esta manera, representa un avance histórico en las condiciones laborales del sector público. Según el acuerdo sellado a finales de marzo entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, la implantación de la jornada de 35 horas arrancará en la primera quincena de abril. El Ejecutivo prevé ponerla en marcha antes del 15 de abril mediante una resolución que modificará la regulación general de jornadas y horarios. De esta manera, la Secretaría de Estado de Función Pública será la encargada de dictar este cambio, que se aplicará de manera progresiva debido a la heterogeneidad de los servicios públicos del Estado. Esta reducción beneficiará inicialmente a unos 220.000 empleados públicos de la Administración General del Estado. Además, la medida servirá como referencia para otras administraciones, especialmente las locales, ya que la ley reguladora de las Bases de Régimen Local establece que la jornada de los funcionarios locales no podrá superar en cómputo anual la fijada para la AGE. Los sindicatos destacaron que la implantación no será automática en todos los ámbitos y deberá negociarse en cada mesa sectorial. Por ejemplo, en Instituciones Penitenciarias o en organismos públicos, agencias y entidades de derecho público vinculadas al Estado, la negociación será específica. También se adaptará a las jornadas de especial dedicación (que pasarán de 40 a 37,5 horas) y a la jornada intensiva de verano. El Ministerio de Función Pública ha insistido en que la puesta en marcha de las 35 horas garantizará “en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las funciones públicas”. Para ello, se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias de planificación, organización y dimensionamiento de las plantillas. Desde UGT subrayaron la importancia de acompañar esta mejora con una Oferta de Empleo Público que refuerce las plantillas y garantice la calidad del servicio. Por su parte, CSIF insistió a los Ayuntamientos a negociar la implantación de la jornada de 35 horas, recordando que el acuerdo genera un “efecto jurídico” que impide que la jornada local supere el nuevo techo marcado por la AGE. La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) advirtió sobre la necesidad de reconocer y remunerar adecuadamente cualquier incremento de productividad que sea necesario para mantener los mismos niveles de servicio con menos horas trabajadas.