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El Gobierno español ha puesto en marcha un proceso de regularización extraordinaria que permitirá a cientos de miles de extranjeros obtener permisos de trabajo y residencia. Esta medida, anunciada en enero de 2026, busca integrar a personas que ya viven en el país y responder a una realidad social y económica.
El plazo para presentar solicitudes comenzará en abril y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que el objetivo es ofrecer al colectivo migrante la oportunidad de vivir con igualdad de derechos.
Quiénes pueden pedir la regularización extraordinaria
El proceso está dirigido a personas extranjeras que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025. Los solicitantes deben acreditar al menos cinco meses de permanencia en el país antes de esa fecha.
También pueden acogerse a esta medida los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su petición antes del 31 de diciembre de 2025. Un requisito indispensable es carecer de antecedentes penales en España y en los países de residencia anterior.
Qué documentos se necesitan para solicitar el permiso
Los interesados deberán presentar pruebas de su permanencia en España durante el período requerido. El empadronamiento es el documento más común, pero también se aceptan otras pruebas como informes médicos, contratos de luz o certificados de envío de dinero.
La documentación debe incluir copia completa del pasaporte o título de viaje válido. También se exige un certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país o países de residencia durante los últimos cinco años.
Beneficios y plazos del proceso extraordinario
La admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y lugar de España. Este derecho beneficia tanto al trabajador, que gana derechos laborales, como a las empresas, que obtienen seguridad jurídica.
El proceso permite regularizar simultáneamente a los hijos e hijas menores de los solicitantes que estén en España. En estos casos, el permiso será de cinco años. Además, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos que pesaran sobre la persona al momento de presentar la solicitud. El Gobierno estima que el plazo de tramitación será de máximo tres meses.