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Noruega ha empezado a poner por escrito un escenario que durante décadas permaneció implícito. Ante un deterioro de la seguridad, el Estado podría apoyarse en recursos privados para sostener la defensa nacional. A lo largo de 2025, cerca de 14.000 ciudadanos recibieron un aviso oficial de lo que las autoridades denominan “requisición preparatoria”.
El mensaje, enviado a propietarios de inmuebles, barcos o maquinaria, informa de que determinados bienes podrían quedar a disposición de las Fuerzas Armadas noruegas (Forsvaret) si se declarara un conflicto. En 2026, el Gobierno prevé remitir unas 13.500 notificaciones adicionales, según información recopilada por EFE a partir de fuentes oficiales noruegas.
Las autoridades insisten en que, en tiempos de paz, estas comunicaciones no alteran la vida cotidiana ni implican una intervención inmediata. Sin embargo, el impacto social ha sido evidente. “Nuestra sociedad debe estar lista para afrontar crisis de seguridad y, en el peor de los casos, una guerra”, afirmó el jefe de la Organización Logística de las Fuerzas Armadas (FLO), el general de división Andres Jernberg, en declaraciones recogidas por EFE.
Qué significa la requisición preparatoria en Noruega
La requisición de bienes en Noruega se articula como un preaviso administrativo. El Estado identifica recursos civiles que podrían necesitarse con urgencia y notifica a sus propietarios que, si se activa el marco legal, esos bienes podrían ser entregados de forma temporal.
El Forsvaret subraya que no se trata de una incautación inmediata. La ley permite requisar lo necesario “en guerra o cuando la guerra amenaza”, un concepto amplio que incluye vehículos, embarcaciones, edificios, instalaciones industriales y determinados servicios de producción o trabajo.
El reglamento prevé incluso que estas medidas puedan aplicarse en paz para acciones de preparación, como grandes ejercicios militares, siempre con el consentimiento del Ministerio de Defensa en cada caso.
La frontera con Rusia y el giro estratégico
El contexto geopolítico explica el refuerzo de estos mecanismos. Noruega comparte una frontera terrestre de unos 196 kilómetros con Rusia y mantiene una vigilancia constante sobre los mares del norte y el Ártico, zonas de alto valor estratégico.
Desde Oslo, el propio primer ministro ha descrito a Noruega como los “ojos y oídos” de la OTAN en el norte, una definición que resume el papel de avanzada que desempeña el país en la arquitectura defensiva de la Alianza Atlántica.
Las autoridades noruegas advierten de que los riesgos actuales no se limitan a una invasión convencional. También contemplan amenazas híbridas, como sabotajes, interferencias o ataques a sistemas críticos, en un escenario marcado por la guerra en Ucrania.
En este marco, Noruega impulsa el modelo de “defensa total”. El Gobierno ha encargado a Protección Civil y a las Fuerzas Armadas que 2026 sea el “Año de la Defensa Total”, con el objetivo de reforzar la capacidad del país para prevenir y gestionar crisis de seguridad y guerra.
El plan incluye la revisión y ejecución de ejercicios de emergencia en los que participen administraciones, empresas y ciudadanos. La lógica es clara: integrar recursos civiles y militares en un único sistema de respuesta.
Las cartas de requisición preparatoria son, en este sentido, el primer paso visible de una estrategia que busca anticiparse al peor de los escenarios sin activar todavía medidas excepcionales.
¿España podría requisar propiedades y bienes en caso de guerra?
En España, la requisición de bienes privados también está prevista por ley, aunque con diferencias relevantes. La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 regula las “requisas militares” en tiempo de guerra o movilización, y contempla indemnización económica por los bienes o servicios prestados.
La norma española no exige un aviso previo por carta y distingue entre requisas militares, maniobras de preparación y situaciones civiles excepcionales, como estados de alarma o emergencias de protección civil.
A diferencia de Noruega, donde basta la “amenaza de guerra” para activar el marco legal, en España la aplicación plena de la requisa militar se vincula a supuestos más tasados y a procedimientos formales de autoridad, plazo y compensación.