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La jornada laboral de 35 horas vuelve al centro del debate público en España, esta vez con un avance concreto dentro de la Administración General del Estado (AGE). Tras años de reivindicaciones sindicales y negociaciones intermitentes, el Gobierno dio un paso formal para reordenar los tiempos de trabajo del personal público.
El anuncio se produce en un momento clave para la AGE, con más de 246.000 trabajadores pendientes de cambios estructurales que impactan no solo en la conciliación laboral y personal, sino también en la eficiencia del sector público. La reducción de la jornada laboral se presenta como una medida largamente esperada por los sindicatos, que reclaman su aplicación homogénea en todos los ámbitos de la Administración.
Según datos de la agencia EFE, el Ejecutivo ya activó los mecanismos administrativos necesarios para iniciar este proceso, que ahora deberá recorrer varias instancias formales antes de su negociación definitiva con las organizaciones sindicales representativas.
El Gobierno activa el procedimiento para la jornada de 35 horas
El Gobierno comunicó este miércoles a las organizaciones sindicales que inicia el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). La medida forma parte de una reorganización más amplia de las condiciones laborales del personal público.
Según informó el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Este documento será la base normativa para el cambio.
Desde el Ejecutivo remarcan que el proceso será gradual y con instancias formales de información y negociación. La jornada laboral de 35 horas aparece así como un eje central en la agenda de Función Pública para los próximos meses.
Calendario oficial y pasos administrativos
Función Pública añadió que convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de Personal de los distintos departamentos ministeriales.
Posteriormente, elevarán la propuesta a la mesa general de la Administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos. Este ámbito será clave para definir los detalles finales de la aplicación de la jornada de 35 horas en la AGE.
El calendario apunta a una tramitación acelerada, en línea con la presión sindical para evitar demoras administrativas. La intención oficial es que la jornada laboral de 35 horas avance sin quedar supeditada a futuros presupuestos.
Reacciones de los sindicatos y alcance de la medida
UGT prevé que esta reducción de jornada, que afectará a 246.418 trabajadores de la AGE, pueda estar implantada a finales de febrero o en marzo. El sindicato considera que el inicio del procedimiento es una señal positiva tras meses de reclamos.
En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han celebrado los avances, al tiempo que han insistido en que la jornada de 35 horas debe implantarse en toda la AGE, incluido el personal de instituciones penitenciarias. Para ambos sindicatos, la medida no debería tener excepciones.
También CSIF se ha felicitado de que se inicie el procedimiento para extender la jornada de 35 horas a todas las administraciones, aunque ha advertido de que es “solo el comienzo” y que ahora hay que desarrollar otras cuestiones como la promoción interna o la jubilación parcial anticipada.
El antecedente político y la presión sindical
La semana pasada, el ministro de Función Pública, Óscar López, dijo que las 35 horas se aplicarían “tan pronto como sea posible”. La declaración llegó después de que UGT y CCOO urgieran a implantar esta jornada de manera inmediata.
Los sindicatos reclamaron que la reducción de la jornada laboral no quede supeditada a los futuros presupuestos de 2026, para evitar que su aplicación se retrase. Este punto fue uno de los principales focos de tensión en las negociaciones previas.
Con el inicio formal del procedimiento, el Gobierno busca dar una señal política clara en favor de la jornada laboral de 35 horas, una demanda histórica del sector público que ahora entra en su fase decisiva.
