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El Gobierno deberá regular una nueva jubilación anticipada para los agentes de la Policía Nacional que ingresaron a partir del año 2011. Así lo dictaminó el Tribunal Supremo en una sentencia que obliga a la Administración del Estado a corregir una desigualdad que dejaba fuera a miles de agentes.
La decisión responde a una demanda presentada por el sindicato Jupol, que venía reclamando el acceso a la jubilación anticipada en las mismas condiciones que los policías de otros cuerpos autonómicos y locales.
El fallo del Supremo, emitido el 21 de mayo, considera que la falta de regulación vulnera el derecho a la igualdad de los policías nacionales frente a sus compañeros de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra, la Policía Foral de Navarra y las policías locales.
Estos cuerpos sí tienen reconocido el derecho a una jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, mientras que los agentes incorporados a la Policía Nacional desde 2011, al estar dentro del Régimen General de la Seguridad Social, no contaban con esta opción.
"Se pone fin a una injusticia discriminatoria que nos dejaba fuera del derecho a jubilarnos en condiciones dignas como el resto de policías de España", afirmó Aarón Rivero, secretario general de Jupol, quien calificó el fallo como "una victoria histórica". El sindicalista también instó al Ministerio del Interior a aplicar la sentencia de forma inmediata y a no generar más obstáculos en el proceso.
¿Cómo afectará la nueva jubilación anticipada a la Policía Nacional?
El Tribunal Supremo estableció que el Gobierno debe iniciar el procedimiento y elaborar una disposición reglamentaria para implementar la jubilación anticipada de estos agentes.
Esto significa que la Administración deberá adaptar la normativa para que los policías nacionales ingresados a partir de 2011 puedan acogerse a los mismos beneficios que sus compañeros. El cambio busca corregir la brecha creada en 2011, cuando una reforma incluyó a estos funcionarios en el Régimen General de la Seguridad Social, excluyéndolos del régimen de clases pasivas.
En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que regula los criterios para aplicar coeficientes reductores en trabajos especialmente penosos, peligrosos o insalubres. Según explicó la ministra de Inclusión, Elma Saiz, "hay trabajos de especial dureza, otros que se hacen duros en los últimos años de vida laboral, con mayor siniestralidad o con más accidentes de trabajo o enfermedades profesionales asociadas".
Entre los indicadores para establecer la penosidad se incluyen la exposición a temperaturas, ruido o vibraciones extremas, el uso continuo de la fuerza física, o la manipulación de agentes físicos, químicos o biológicos. Estos criterios serán clave para determinar en qué casos se podrá adelantar la edad de jubilación.
El camino hacia una jubilación digna
Con esta decisión, el Tribunal Supremo da un paso clave para garantizar condiciones de jubilación más justas para la Policía Nacional. La resolución crea un precedente que impacta directamente a miles de agentes y abre la puerta a una regulación definitiva. El sindicato Jupol seguirá de cerca el cumplimiento de la sentencia y espera que el Ministerio del Interior actúe con rapidez.
"La sentencia es clara: el Gobierno debe regular la jubilación anticipada y garantizar la igualdad de trato para todos los policías nacionales", reiteró Rivero. Ahora, el foco está en cómo y cuándo se aplicará esta medida, que representa un cambio importante en la carrera profesional de los agentes.