En esta noticia
Miles de viajeros podrían enfrentar problemas en aeropuertos y controles fronterizos de España y del espacio Schengen por una condición que muchas veces pasa desapercibida. Aunque el pasaporte figure como “vigente”, las autoridades pueden impedir el ingreso o incluso la salida del país si el documento no cumple con determinadas exigencias de validez.
La normativa europea establece que los ciudadanos de terceros países que quieran ingresar a España para estadías cortas deben presentar un pasaporte emitido hace menos de diez años y con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen. En caso contrario, las autoridades fronterizas tienen la facultad de rechazar el viaje.
¿Qué requisito deben cumplir los pasaportes para viajar a España?
El requisito surge del Código de fronteras Schengen y afecta a los viajeros extracomunitarios que ingresan a España por turismo, negocios, estudios cortos o visitas familiares.
El documento de viaje debe cumplir dos condiciones simultáneas: haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada y mantener una validez mínima de tres meses después de la salida prevista.
Esto significa que una persona puede tener un pasaporte “vigente” según la fecha impresa en el documento, pero aun así quedar fuera de las condiciones exigidas por la Unión Europea. En esos casos, las aerolíneas o las autoridades migratorias pueden impedir el embarque o denegar la entrada al país.
La medida busca reforzar los controles migratorios en todo el espacio Schengen y unificar criterios entre los países miembros. España aplica estas normas en todos los puestos fronterizos habilitados, tanto en aeropuertos como en puertos y pasos terrestres.
¿Qué otros documentos y condiciones pueden exigir las autoridades?
Además del pasaporte válido, España puede exigir visado según la nacionalidad del viajero. También se solicita documentación que justifique el motivo de la estancia, como reservas hoteleras, cartas de invitación, pasajes de regreso o comprobantes de inscripción académica.
Las autoridades fronterizas también pueden pedir pruebas de solvencia económica. Para 2025, el mínimo exigido asciende a 118 euros por persona y día de estancia, con un piso general de 1.065 euros independientemente de la duración del viaje.
En caso de no cumplir alguno de los requisitos, las autoridades pueden emitir una resolución de denegación de entrada. La normativa contempla la posibilidad de presentar recursos administrativos, aunque la apelación no suspende la prohibición de ingreso inmediata.
Los ciudadanos de la Unión Europea, así como de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, pueden ingresar a España con documento nacional de identidad o pasaporte vigente, sin necesidad de cumplir con el requisito de los diez años de expedición.
