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El Ejecutivo de España dio luz verde a un real decreto que permitirá regularizar a cerca de medio millón de personas en situación irregular. La decisión, adoptada en el marco del Consejo de Ministros, marca uno de los movimientos migratorios más relevantes de los últimos años en el país.
La medida incluye un endurecimiento de los requisitos, especialmente en materia de antecedentes penales, aunque contempla mecanismos para facilitar la obtención de documentación. El Gobierno considera que se trata de un proceso de “normalización” que reconoce una realidad social ya existente.
El presidente Pedro Sánchez defendió la iniciativa como un acto de justicia y reconocimiento hacia quienes ya forman parte de la sociedad española. Según expresó, la regularización responde a una demanda impulsada por cientos de organizaciones y respaldada por más de 600.000 firmas a través de una Iniciativa Legislativa Popular.
En paralelo, el Ejecutivo habilitará un plazo de un mes para que los solicitantes presenten certificados de sus países de origen. En caso de no conseguirlos, será el propio Gobierno quien gestione la documentación por vía diplomática, lo que busca evitar que la falta de papeles frene el proceso.
¿Qué implica la regularización y a quiénes beneficia?
El decreto apunta a integrar formalmente a unas 500.000 personas que ya residen en España sin documentación regular. La medida les permitirá acceder a derechos laborales, sanitarios y sociales, en un intento por reducir la economía sumergida y mejorar las condiciones de vida de este colectivo.
La vicepresidenta Yolanda Díaz subrayó que la regularización no trata únicamente de extranjería, sino de derechos. Según explicó, el objetivo es evitar la explotación laboral y garantizar condiciones dignas para quienes ya trabajan y viven en el país.
Desde el Gobierno sostienen que esta decisión también tiene un impacto económico positivo, al incorporar trabajadores al sistema formal y aumentar la recaudación. La iniciativa, además, busca alinearse con una visión de país “diverso y de acogida”, en línea con las transformaciones sociales de los últimos años.
¿Por qué genera rechazo político y qué argumentos enfrenta?
La medida provocó una fuerte reacción del Partido Popular, que anunció una ofensiva jurídica y parlamentaria contra el decreto. La formación cuestiona la falta de previsión sobre cuántas personas se acogerán al proceso y advierte sobre un posible “efecto llamada”.
Dirigentes del partido sostienen que una regularización masiva podría perjudicar a quienes cumplen con los procedimientos legales y tensionar los servicios públicos. También plantean que este tipo de medidas debe aplicarse de forma individualizada y vinculada al empleo.
El debate vuelve a colocar la política migratoria en el centro de la agenda en España, con posiciones enfrentadas entre quienes priorizan la integración y quienes advierten sobre sus consecuencias. Mientras tanto, el Gobierno avanza con una medida que tendrá impacto directo en cientos de miles de vidas.