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Este lunes 16 de noviembre, el Ministerio de Consumo de España ha presentado el nuevo órgano para prevenir y sancionar posibles "fraudes masivos", y garantizar los derechos de los consumidores,denominado como laSubdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador.
Tras una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el organismo regulador comenzó a tener vigor el pasado 28 de mayo de 2022.
Cuál es el objetivo del nuevo organismo estatal
El Gobierno ha creado este mecanismo sancionador con el objetivo de que no vuelvan a producirse episodios como el conocido caso de "Dieselgate" (el escándalo relacionado con las emisiones contaminantes de 11 millones de vehículos de reconocidas marcas).
El ministerio de Consumo de España que dirige Alberto Garzón, a diferencia de otros países europeos que impusieron sanciones ejemplares, no pudo tomar medidas por falta de un mecanismo sancionador adecuado.
Las infracciones que se podrán sancionar a los prestadores de servicios o empresas de consumo son "las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o la seguridad de la población, el incumplimiento de las normas reguladoras de precios o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos, entre otras", según informó la agencia EFE.
¿Cuáles serán las multas por estafar a los consumidores y usuarios?
Las multas que tendrán que pagar quienes cometan fraude se dividirán en cuatro categorías, que oscilan entre los 150 eurosy el millón de euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Esta sanción lleva también aparejada la publicidad de la resolución sancionadora. Las infracciones generalizadas o con dimensión en la Unión Europea pueden llegar hasta el 4% del volumen de negocio anual del empresario infractor en España.