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El Gobierno de España alcanzó un acuerdo para ampliar la protección de los inquilinos. PSOE y Sumar pactaron una nueva prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028, una medida que formará parte del decreto de vivienda que el Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo 28 de julio.
La iniciativa permitirá que los arrendatarios soliciten la extensión de su contrato en las mismas condiciones, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Según Sumar, la medida ampliará en casi un millón el número de potenciales beneficiarios y se sumará a las prórrogas extraordinarias ya aprobadas por el Ejecutivo desde marzo de 2026.
¿Quiénes podrán acceder a la nueva prórroga del alquiler?
La nueva prórroga extraordinaria estará disponible para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028. Los inquilinos deberán solicitar expresamente esta extensión, que tendrá una duración máxima de dos años.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca ofrecer mayor estabilidad a los hogares en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y las dificultades para acceder al mercado del alquiler. De acuerdo con las estimaciones de Sumar, cerca de cuatro millones de personas y alrededor de un millón y medio de hogares podrían beneficiarse de las sucesivas prórrogas aprobadas desde marzo de 2026.
La medida aún deberá superar su trámite parlamentario, ya que el Gobierno necesita reunir los apoyos suficientes en el Congreso para convalidar el decreto ley una vez entre en vigor.
¿Qué otras medidas incluirá el nuevo decreto de vivienda?
Además de la prórroga de los alquileres, el texto incorpora la regulación del alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones con el objetivo de impedir un uso fraudulento de estas modalidades.
El decreto también contempla elevar al 21% el IVA aplicado a los pisos turísticos y reforzar el régimen sancionador sobre la publicidad de estas viviendas en plataformas digitales, con el propósito de desincentivar este tipo de alquiler frente al residencial.
Por otra parte, el Gobierno incluirá un borrador para negociar con los grupos parlamentarios nuevas medidas dirigidas a proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y evitar que se produzcan desahucios sin alternativa habitacional. Sin embargo, este punto todavía genera diferencias entre las distintas fuerzas políticas.
El siguiente paso será la negociación con los partidos del Congreso. El Ejecutivo necesita especialmente el respaldo de Junts, formación que ya rechazó una prórroga similar en abril y cuya posición volverá a resultar determinante para que el decreto quede definitivamente aprobado.