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El desperdicio alimentario se ha convertido en uno de los mayores desafíos medioambientales y sociales del siglo XXI. En respuesta a esta problemática, España ha dado un paso firme al establecer una nueva legislación que modifica la gestión de alimentos en el comercio minorista.
Desde abril de 2025, una ley obliga a los supermercados a ofrecer a los consumidores frutas y verduras con aspecto deteriorado, pero aún aptas para el consumo. Esta medida forma parte de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, cuyo objetivo principal es reducir los residuos y promover un uso responsable de los productos.
Qué cambia para los supermercados con esta ley
Con la entrada en vigor de la normativa, los supermercados ya no podrán desechar frutas y verduras por su apariencia externa. Todos aquellos productos que, pese a estar estéticamente dañados, sean seguros para el consumo, deberán ponerse a la venta a precios reducidos.Además, los establecimientos deberán llevar un registro de los alimentos descartados y reportar la cantidad de productos no vendidos por motivos estéticos. Esta obligación también se extiende a bares y restaurantes, que estarán obligados a facilitar envases gratuitos para que los clientes puedan llevarse sus sobras.
Qué medidas adicionales entran en vigor en 2026
Un año después, en abril de 2026, entrará en vigencia un plan de prevención obligatorio que abarcará a todos los actores de la cadena alimentaria. El incumplimiento de esta ley podrá acarrear sanciones que varían entre los 2000 y los 500.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.Este nuevo marco legal busca no solo frenar el desperdicio, sino también fomentar la transparencia en la gestión de alimentos, involucrando a supermercados, comercios, hostelería y grandes distribuidores.
Cuáles son los beneficios concretos de la ley
- Menos residuos: se aprovechan productos que antes se tiraban, reduciendo el impacto ambiental.
- Ahorro para el consumidor: frutas y verduras deterioradas se ofrecerán con descuentos accesibles.
- Apoyo a comunidades vulnerables: se fomentarán donaciones de excedentes a organizaciones sociales.
- Conciencia ecológica: la ley impulsa hábitos de consumo más sostenibles.
- Innovación empresarial: obliga a los comercios a mejorar sus sistemas de gestión alimentaria.