El Congreso ordinario del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que se celebró este sábado en Merlo cumplió con su objetivo formal: autorizó a su conducción a avanzar en la constitución de un nuevo frente electoral y emitió un mensaje de unidad con eje en la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

El comunicado final ratificó la campaña "Argentina con Cristina", denunció la existencia de un "terrorismo de Estado de baja intensidad" y exigió la liberación de Eva Mieri, dirigente detenida por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa que se sigue por el escrache, con pasacalles y arrojo de excrementos en la casa del diputado José Luis Espert.

Pero, más allá de los discursos, los gestos, y la moción leída por el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, lo que dejó Merlo fue una escenificación de consenso que no resolvió las disputas clave dentro del peronismo bonaerense.

El punto más relevante del Congreso fue la ratificación de la misma fórmula de negociación que funcionó en 2023: Máximo Kirchner -presidente del Partido Justicialista bonaerense y líder de La Cámpora-quedó facultado para conformar el nuevo frente electoral acompañado por al menos dos de estos dirigentes: Verónica María Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aire; Mariel Fernández, intendenta reelecta de Moreno; Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora; y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

"Deberán garantizar la estricta ecuanimidad de los sectores del peronismo en la conformación de la alianza", expresó Cascallares en la moción aprobada por aclamación.

Esa definición, sin embargo, tuvo su antesala en un desayuno reservado entre intendentes, donde se volvió a discutir la conveniencia del diseño de 2023. Según reconstruyó El Cronista, dirigentes como Katopodis, Espinoza, Descalzo y el propio Cascallares plantearon modificar esa lógica, pero no lograron reunir volumen político frente a la posición sostenida por el cristinismo duro liderado por Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes.

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no reclamar para sí el rol de firmante de alianzas -opción que se barajó en la previa- fue interpretada como un gesto para no tensar aún más la relación con Axel Kicillof. En su lugar, la exvicepresidenta decidió sostener el mismo esquema del año pasado, preservando los equilibrios formales con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera Kicillof.

"El Congreso fue un paso adelante para seguir juntos sin romper, pero falta", según el enfoque de los cristinistas. Desde ese punto de vista, la clave no estuvo tanto en lo que se aprobó el sábado, sino en las señales que se emitieron durante los días previos.

Una de esas señales fue la reunión en José C. Paz, donde la mayoría de los intendentes volvió a cuestionar la decisión de desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales. "Todos, salvo los que responden a Axel, dijeron que fue un error", explicó la misma fuente. La crítica no es nueva, pero cobró fuerza a medida que Javier Milei intensificó la nacionalización de la campaña. Ayer mismo, en Chaco, el presidente volvió a cargar contra el kirchnerismo y contra Cristina, mientras en distritos como Avellaneda aparecieron carteles convocando a votar en septiembre, sin hacer mención alguna al escenario nacional.

"El gobierno nacional nacionaliza, y algunos intendentes del oficialismo se encierran en lo local. Así no se construye una mayoría", resumió una fuente. La aparición, este fin de semana, de los carteles en Avellaneda fue leída como un síntoma de esa estrategia centrífuga. "Ferraresi hace la suya. Vota en septiembre y no hace más campaña", deslizó. Para el cristinismo, esa dinámica puede terminar por debilitar al conjunto del espacio peronista y replicar errores similares a los que cometió Jorge Macri - actual referente del PRO porteño- en la Ciudad de Buenos Aires .

A ese clima enrarecido se sumó la discusión, aún latente, sobre la posibilidad de revertir el desdoblamiento. Aunque desde el oficialismo provincial se sostuvo en reiteradas ocasiones que no hay marcha atrás, en algunos sectores todavía se considera que "tiempo hay" y que la situación judicial de Cristina Fernández "cambió todo el panorama electoral".

Para esta mirada, las definiciones centrales vendrán después del miércoles 10 de julio, cuando se formalice la inscripción del nuevo frente, y sobre todo a partir del 19 de julio, con la presentación de las listas para las ocho secciones electorales.

En ese punto -según explicó El Cronista- se espera una negociación más áspera. Gustavo Pulti, ex intendente de General Pueyrredón y actual diputado provincial por la Quinta Sección, podría liderar la negociación de esa sección; mientras que el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, busca consolidar su gestión local para influir en el armado provincial. Allí, el cristinismo podría impulsar a Fernanda Raverta -ex funcionaria nacional- aunque ese nombre aún no haya sido confirmado.

Desde los sectores más leales a Kicillof, la lectura es otra. Consideran que la comisión negociadora representa un equilibrio realista entre las partes, que garantiza que no se rompa la unidad, y que puede funcionar sin mayores sobresaltos. El desafío no es menor: reconstituir el frente panperonista sin dejar heridas que luego se traduzcan en fuga de votos. En ese marco, el oficialismo bonaerense valora haber quedado representado en la comisión sin haber cedido protagonismo.

La consigna de "Argentina con Cristina" y el repudio al fallo judicial marcaron la escena, pero también se trató de fortalecer la interlocución institucional con partidos aliados como el Frente Renovador de Sergio Massa, Patria Grande y Frente Grande. Todos forman parte del esquema de alianzas que el PJ bonaerense busca revalidar de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

"La nacionalización está hecha, la hizo Milei", sentenció la fuente consultada. En ese contexto, la discusión ya no pasa solamente por cómo se construye la unidad interna, sino, además, por la narrativa que se adopta frente al electorado.

Frente a esa percepción, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió a reforzar públicamente el valor estratégico del Congreso a través de un mensaje en sus redes sociales que funcionó como bajada política, convocatoria a la acción conjunta y reafirmación de una consigna que insiste en repetir: la defensa de la provincia frente a lo que describe como una ofensiva nacional del gobierno de Javier Milei.

"Sumar fuerzas para frenar a Milei, sumar fuerzas para proteger al pueblo bonaerense", escribió Kicillof, tras lo cual reivindicó el Congreso partidario al señalar que "dio un paso importantísimo: colectivamente se acordó consolidar un gran frente".

Al mismo tiempo, introdujo un matiz político respecto a sus propios aliados: "Sabemos que dentro del peronismo existen miradas distintas sobre la experiencia fallida del Gobierno Nacional del FdT y sobre el camino a seguir para reparar aquella decepción". En esa frase, leída en clave interna, hay algo más que autocrítica: también puede interpretarse como una respuesta preventiva a quienes intentan cuestionar la arquitectura del frente electoral desde una supuesta superioridad táctica o moral.

El Congreso de Merlo dejó una foto de cohesión, pero también confirmó que el peronismo bonaerense todavía marca el paso. El verdadero test comenzará cuando empiece la negociación por los lugares en las listas y, sobre todo, cuando haya que salir a la calle a buscar votos.