Después de los pronunciamientos de IDEA, el Foro de Convergencia, ACDE y AMCHAM, entre otras organizaciones de empresarios, un grupo de empresarios coincidió en que se necesitaba algo más para alertar sobre "el intento de juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", un compromiso personal para dejar un mensaje lo más contundente posible.
Bajo la coordinación de Guillermo Lipera (ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad), Juan Vaquer (presidente de ACDE) y Santiago Mignone (tesorero de IDEA), empresarios de la talla de Enrique Cristofani (Banco Santander), Roberto Murchinson (Grupo Murchinson), Gerardo Cartellone (Grupo Cartelone), Nicolás Braun (La Anónima), Luis Bameule (ex Quickfood), Lisandro Bril (Axia Ventures) y Alejandro Elztain (CRESUD), entre 500 firmas, pusieron su nombre y apellido para alertar sobre lo que llamaron "un desatino institucional", que pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina. ¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la justicia".
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A través de una carta abierta dirigida a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el grupo pidió que "desistan del intento", debido a que no corresponde "iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución".
"Reflexionen a tiempo", "abóquense a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población" y "eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas", dicen los firmantes.
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También firmaron, entre otros, los juristas Alejandro Carrió, los estudios jurídicos Pérez Alati, Bomchil, Cassagne, entres otros y el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, Alberto Garay.
"La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos", expresaron en el texto.