En Santa Fe, Maximiliano Pullaro apostó todo y puso a su vicegobernadora de primera candidata a diputada por Unidos. El gobernador no tiene legisladores que le respondan directamente, de conseguir bancas en el Palacio Legislativo tendría la oportunidad de conformar un bloque con otros mandatarios bajo Provincias Unidasy tener una muñeca que permita doblegar a Javier Milei.
Gisela Scaglia lleva dos años como vicegobernadora de Santa Fe, pero además fue ocho años diputada nacional por Juntos por el Cambio.
Sin embargo, el gobernador santafesino se empeñó en repetir la fórmula que le funcionó en las Elecciones Constituyentes de su provincia este año y puso a la presidenta del PRO de su provincia como su emisaria para entrar al Congreso.
Pullaro tiene por izquierda la alianza de Fuerza Patria compuesta por la fórmula encabezada por Caren Tepp y Agustín Rossi, y por el lado de La Libertad Avanza tiene un candidato desconocido hasta por los propios que fue parte del armado de Nicolás Mayoraz en la provincia.
-Tu candidatura implica renunciar a la vicegobernación. ¿Por qué aceptaste ser cabeza de lista?
-Más allá de que ser vicegobernadora fue el cargo que más me honró en la vida, acepté el desafío de encabezar la lista, y aclaro que no va a ser testimonial.
Acepté porque si creés que en Argentina hay que generar una alternativa razonable y sensata que represente a nuestro interior productivo, tenés que llevar la voz más representativa de eso.
En Unidos no hay jefe en Buenos Aires. El jefe está en Santa Fe. Acá, las dos listas que compiten contra mí tienen jefe en Buenos Aires: una lo tiene preso y la otra es Milei.
-Las elecciones provinciales se definieron en un escenario beneficioso para el oficialismo local. Ahora, como Provincias Unidas están con el mileísmo de un lado y el kirchnerismo del otro, ¿corren el riesgo de ser fagocitados por la grieta?
-Creo que la gente hoy rechaza la grieta. Los extremos en ambos lados hacen que la gente diga "basta"; reclaman posibilidad de diálogo. Estamos donde estamos porque hace año y medio el presidente decidió no dialogar con nadie más, ni siquiera con su vicepresidenta.
Si no se generan acuerdos positivos, la Argentina quedará estancada en el circo y la grieta, y eso no resuelve los problemas reales de la gente ni lo productivo. Hay que competir con ambos polos, pero hoy se abre un camino para gente que pide cordura. La gente pide cosas lógicas.
- ¿Cómo se va a dar esta Alianza de Provincias Unidas en el Congreso? ¿Va a haber un alineamiento total?
- Creo que el gran desafío es que podamos tener un interbloque de Provincias Unidas y un gran compromiso de trabajo conjunto.
-¿Van a jugar todas de la misma manera? ¿Se van a agregar más diputados?
-Ese es el gran logro de Provincias Unidas: que las coincidencias nos unan frente a las diferencias partidistas, y que ese núcleo de 25 o 30 diputados en el interbloque no sea estático, sino que, a medida que pasan los meses, se sumen más personas que entiendan lo que proponemos de cara a un proyecto nacional. Hay que construirlo. No venimos solo a ocupar una banca para discutir proyectos de ley.
-¿Cómo sería ese proyecto nacional? ¿El candidato a presidente en 2027 es Juan Schiaretti?
-Venimos a ocupar un espacio que hoy falta en la Argentina: una alternativa política con candidato presidencial para 2027.
No hay nombre todavía. Lo más valioso del espacio es que hoy no hay un candidato; primero hay una construcción de un proyecto político que después decante en un candidato a presidente. Ese candidato puede ser electo por varias formas: por consenso de una mesa política o por una PASO.
Hoy las PASO están suspendidas, pero no necesariamente en 2027 seguirán así; también puede haber una interna representativa dentro de Provincias Unidas.
Hay algo positivo: un cordobés puede sentir que habrá un presidente cordobés, un santafesino que puede haber un presidente santafesino, un jujeño que puede ser un jujeño. Eso genera esperanza. El nombre hoy no me parece el punto para frenar la construcción.
Desarrollar un marco de unidad que permitiera ver coincidencias entre un partido de izquierda y otro de derecha, acercar posiciones y sentarnos en una mesa fue muy difícil en Santa Fe, pero el día que lo logramos y mostramos las coincidencias, supe que habíamos ganado la provincia.
Creo que ese camino provincial sirve de reflejo para otras provincias. Valdés puede contar lo mismo en Corrientes, Nacho (Torres) en Chubut; son experiencias similares de crear la herramienta política.
- ¿Se podrá retomar el diálogo con el gobierno de Milei después de octubre?
- Después del 10 de diciembre puede haber una oportunidad de diálogo con el gobierno en el Congreso; no hay otra salida.
No soy parte del "club del helicóptero" y soy anti-kirchnerista, no creo que el kirchnerismo deba tener otra oportunidad en la Argentina. Con esas definiciones me voy a sentar a pensar cómo construimos juntos un futuro para el país y no tengo problemas en sentarme a una mesa de discusión
- ¿Cuáles serían las condiciones del diálogo?
-Esa mesa de discusión no puede ser un oído sordo; tiene que haber escucha. En una mesa no se trata de "¿qué gano?", sino de cuánto cada parte está dispuesta a ceder para dialogar. No se trata de pedir plata, sino de delimitar responsabilidades: decime cuáles son tus responsabilidades y cuáles son las mías, y que cada uno cumpla las suyas.
- ¿Cuáles son las reformas pendientes a discutir?
Un tema podría ser la obra pública: arreglar una ruta que corresponde a una provincia y que hoy no está en buen estado. Otro tema a poner sobre la mesa es lo impositivo: la reforma tributaria que promete mucho y no llega a puerto. Si Nación sigue cobrando impuestos no coparticipables y no transfiere lo que debe, la provincia sigue sosteniendo esos costos sin retorno en infraestructura.
También hay que hablar de reforma laboral: hoy cualquier negocio paga más de cargas laborales que de salario. La mayoría de los sindicatos del sector privado entienden que hay que discutir una reforma seria.
Se puede avanzar en reforma tributaria, laboral y previsional siempre que haya apertura al diálogo y transferencia de recursos que correspondan a las provincias, y que las reformas tengan consenso.No se puede imponer una reforma desde el Ejecutivo sin debate. En Santa Fe funciona así: el gobernador manda una base de proyecto y se dialoga políticamente hasta consensuar la ley; nunca sale exactamente igual a lo enviado, pero se construye.
- ¿Puede una alianza entre Macri y Milei incorporar cuadros técnicos y cambiar esa lógica?
- Lo veo difícil porque requeriría un cambio de 180 grados en la concepción del Estado. Estoy en contra del Estado kirchnerista, grande e ineficiente; eso hay que terminarlo. Pero el objetivo debe ser un Estado inteligente con funcionarios que trabajen intensamente y demuestren que la gestión pública puede resolver grandes temas.
Cuando hay 170 funcionarios que cambian, encontrar buenos cuadros dispuestos a dejar su trabajo privado para asumir una función pública es complejo, sobre todo si no hay garantía de respaldo político. Si le pedís a alguien que deje todo para ser ministro, tenés que darle seguridad de que podrá firmar y continuar la tarea.
- ¿La designación de Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior no mejoró el diálogo con Santa Fe?
Pongo en duda la función actual de algunos cargos: ¿Cuál es la tarea del ministro del Interior hoy? Su capacidad de gestión debe ser más concreta: ir, conseguir firmas, resolver.
Teníamos buen diálogo con Guillermo Francos; lo valoro. Pero el diálogo sin capacidad de respuesta no alcanza. Si no podés dar respuesta, al menos decí un no. Hay expedientes que quedan sin movimiento y se perdieron dos años así.
- ¿Ves posible que los gobernadores den la gobernabilidad que pide Estados Unidos a Milei?
- El diálogo debe ser recíproco: vos traés tu lista, yo la mía, vemos coincidencias y diferencias, y decidimos. Además está el tema de la deuda de Nación con las provincias: a Santa Fe le deben 20.000 millones por mes por fallos judiciales que deberían transferir automáticamente; esa deuda impacta la gestión provincial.
Yo respondo a mi provincia: no puedo quemar recursos provinciales esperando que Nación pague. En ese lugar los gobernadores tienen razones para plantarse.
-Con la caída de fondos nacionales, ¿de dónde sale la plata para sostener la obra pública en Santa Fe y qué implica administrar así los recursos? ¿Es replicable a nivel nacional?
-La Nación hace casi cero obra pública, pero eso generó competencia entre empresas locales y foráneas que bajó precios en licitaciones. Con ocho a diez ofertas por obra, ejecutamos 2.000 millones de dólares y tenemos 1.800 obras en marcha.
El Estado no produce; cobra impuestos. En Santa Fe, el sector privado es fuerte y reinvierte. La clave es administrar según prioridades: recortamos gastos superfluos como la billetera virtual, que era un subsidio universal postpandemia.
Centralizamos compras de medicamentos, ahorrando 120 millones. La reforma previsional fue la más difícil: la caja costaba 450.000 millones al año. Cortamos privilegios, implementamos aportes solidarios y subimos aportes de quienes más ganaban. Docentes y policías aceptaron cambios como no jubilarse a los 50 años.
Fue una pelea política: nos quemaron la puerta de la legislatura. Si se hace a nivel nacional, hay que bancarse la resistencia. Si tenés los votos, hay que sostenerlo; si no, no te presentes a transformar.
La falta de obra pública nacional nos benefició: más ofertas, mejores precios. Aprovechamos la crisis para ejecutar obras con eficiencia.
-¿Cómo ves la seguridad en Santa Fe y qué hizo la provincia para mejorarla? ¿Ese modelo es sostenible y qué falta a nivel nacional?
-La seguridad mejoró mucho. Rosario pasó de 300 muertes por año y 20 patrulleros activos a 360 móviles. El modelo se basa en respaldo total a la policía: equipamiento, control estricto, monitoreo diario y exigencia de resultados.
Cambiamos unas 100 leyes penales y judiciales para priorizar la seguridad. Triplicamos las plazas penitenciarias: de 4.000 a 12.000. La obra pública vinculada al sistema penal fue clave.
Es sostenible porque la gestión es constante. Hoy hay 80 víctimas frente a 300 antes. El modelo es exportable si se entiende que la seguridad no es un ítem aislado.
La Nación debe acompañar con un marco normativo más duro: ley de derribo, extinción de dominio, revisión de imputabilidad juvenil. También con diálogo: en reuniones con inversores y organismos extranjeros, se pregunta cómo se construye un modelo con perspectiva de derecho, sin ser garantista, pero con enfoque en la víctima y capacidad de respuesta.
