En esta noticia
- 1) la implementación de un protocolo antipiquetes:
- 2) medidas contra las usurpaciones.
- 3) propone declarar como servicio público esencial el transporte, la recolección de residuos y la educación, lo que obligaría, a trabajadores en huelga, a mantener servicios mínimos.
- 4) También plantea el arancelamiento de los servicios de salud para los no residentes legales de la ciudad.
- Cómo se haría la reforma
El legislador de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, presentó un proyecto de ley que busca reformar la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escrita en 1996. Con la implementación de un protocolo antipiquetes y medidas contra las usurpaciones, la propuesta de quien se conoce también como el "marido de Pampita", empalma con el contexto de la polémica nacional desatada por la violencia en la provincia de Jujuy, donde se produjo una rebelión popular contra la aprobación de una reforma constitucional que incluye, precisamente, una serie de reglas que limitan los piquetes y que los opositores a la medida califican como una prohibición de los cortes y manifestaciones.
El proyecto de García Moritán destaca varios puntos importantes:
1) la implementación de un protocolo antipiquetes:
"El Estado se encarga de asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin perjudicar los derechos de los demás. Se establecen mecanismos legales para proteger el derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica, los cuales incluyen: 1) el ejercicio regular de los derechos sin violencia ni obstaculizar otros derechos; 2) la regulación de las manifestaciones para garantizar el uso común del espacio público y la libre circulación de las personas y otros derechos; y 3) la prohibición de cortes de calles, cortes de autopistas y otras perturbaciones a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Ciudad.
2) medidas contra las usurpaciones.
"La ocupación no autorizada de una o varias personas que impida al propietario ejercer sus derechos reconocidos por la Constitución y la ley se considerará una grave violación al derecho de propiedad. Una ley especial establecerá las condiciones para el desalojo y garantizará que los propietarios afectados puedan ejercer sus derechos de manera inmediata, incluso si los ocupantes no autorizados pretenden representar al pueblo o reclamar derechos"
3) propone declarar como servicio público esencial el transporte, la recolección de residuos y la educación, lo que obligaría, a trabajadores en huelga, a mantener servicios mínimos.
"El derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de la Ciudad. Por lo que se reconoce al transporte de pasajeros como un servicio público esencial, así como también la recolección de residuos ARTÍCULO 23.- La Ciudad reconoce y garantiza el derecho a educarse inspirado en losprincipios de respeto y valoración de la libertad, formando personas capaces de autorealizarse plenamente, trabajar y participar activa, solidaria y democráticamente en el desarrollo del país. Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la modalidad y orientación educativa según sus convicciones y preferencias. Promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura políticas sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos derechos. La Ciudad reconoce a la educación como un servicio público esencial.
4) También plantea el arancelamiento de los servicios de salud para los no residentes legales de la ciudad.
ARTÍCULO 20.- Se garantiza el derecho a la salud integral que está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo y producción, educación, vestido, cultura y ambiente. El gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Se aseguran a través del área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad. La salud pública en la Ciudad será no arancelada para todos sus residentes legales.
Cómo se haría la reforma
El legislador liberal propone la convocatoria a una convención constituyente compuesta por 60 convencionales, elegidos previamente por los ciudadanos, en caso de que el proyecto sea aprobado. Entre los cambios propuestos, se encuentran la prohibición de los piquetes que interrumpan la libre circulación de las personas, los desalojos express, la salud arancelada para los no residentes legales y la declaración de servicio público esencial de la educación, la recolección de residuos y el transporte.
En este sentido, una de las reformas propuestas establece que "el Estado se encarga de asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin perjudicar los derechos de los demás". García Moritán explicó que su objetivo es crear una "Ciudad de la convivencia, de la Libertad", donde se puedan ejercer derechos como la libre expresión, circulación, trabajo y emprendimiento.
El legislador también hizo hincapié en la necesidad de un Estado inteligente que no obstaculice a las personas y que genere más oportunidades. Según García Moritán, solo con ideas claras y valentía se podrán sentar las bases del futuro deseado.
En cuanto al proceso de reforma, en caso de que el proyecto se convierta en ley, se deberá convocar a la elección de los convencionales. Estos serán elegidos siguiendo las disposiciones del Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 6031), utilizando el padrón electoral empleado en la elección del 12 de septiembre de 2021.
Los convencionales constituyentes desempeñarán su labor sin recibir remuneración, pero contarán con los derechos inherentes a los Diputados porteños. Además, aquellos ciudadanos que resulten electos podrán tomar licencia con goce de sueldo en sus trabajos. El plazo estipulado para completar su tarea es de 45 días, aunque podrán prorrogar su mandato por 30 días si fuera necesario. Es importante destacar que el cargo de representante es incompatible únicamente con el de miembro del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.