Con la economía crujiendo por el parate generalizado ante las restricciones de circulación, el presidente Alberto Fernández puso, una vez más, el foco en la actividad de la construcción, un sector al que considera clave para dinamizar la economía, por su capacidad de traccionar a otras ramas de actividad.

Sin embargo, hace 24 meses que esta industria se encuentra virtualmente paralizada. En este contexto, el mandatario recibió ayer a la tarde en la Quinta de Olivos a Gerardo Martínez, secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA) y a Iván Szczech, titular de Camarco, la entidad que nuclea las empresas constructoras, quienes llegaron acompañados por otros miembros de las conducciones gremial y empresarial.

Como resultado del trabajo conjunto, empresarios y trabajadores lograron acordar un protocolo sanitario para utilizar en forma obligatoria en las obras en el el marco de la pandemia de COVID-19, que fue presentado al Presidente. El protocolo ya fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y Consejo Federal que integran los ministros de cada provincia.

Es el primer paso para avanzar en el pedido formalizado ante el Presidente de habilitar algunas obras privadas a partir del 27 de abril. "El objetivo es reanudar con criterio sanitario las obras que se puedan", señalaron fuentes gremiales, en especial fuera del área metropolitana, donde predominan las obras abiertas, y anticipan que "hay obras de viviendas paralizadas que generarían inmediatamente 30.000 puestos de trabajo".

Desde el sector empresarial explican que "en las ciudades está la parte de arquitectura (edificios) pero hay muchas obras privadas en minería, petróleo y energía, que se podrían encarar con los protocolos de seguridad sanitaria adecuados".

La obra pública, por su parte, es una de las actividades exceptuadas ya desde la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 297/20, el que estableció la cuarentena a partir del 20 de marzo.

En este tiempo hubo intenso diálogo de empresarios y sindicato con el Gobierno, en especial con los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, con mucho foco en obras viales y viviendas populares.

Otro tema que se puso sobre la mesa es la deuda que el Estado tiene con los contratistas privados, que llegó a acumular hasta ocho meses de atraso, en obras ya realizadas y certificadas. El stock de deuda llegó a $ 35.000 millones pero ya se logró un compromiso del Ejecutivo de saldar una parte de la deuda de 2019 con recursos presupuestarios correspondientes al primer trimestre de 2020.

Sin crédito para la construcción privada y con la obra pública frenada y fuerte caída de la actividad, el empleo en el sector se resintió mucho. Según datos del Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) en los últimos doce meses hay 59.000 empleos directos menos, en tanto que fuentes gremiales, estiman que desde que empezó la crisis en 2018 se perdieron unos 100.000 puestos de trabajo en esta industria.