El Gobierno finalmente consiguió el Presupuesto después de años y empieza el trabajo fino para defender el ancla fiscal, bastión inamovible del programa económico.
El proyecto comenzó con el traspié del rechazo al capítulo XI del Presupuesto. El mismo estipulaba la eliminación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Emergencia en Discapacidad, las cuales suponen un gasto equivalente al 0,8% del PBI. Desde el Gobierno sostienen que pone en riesgo la meta de superávit de 1,5%.
Así y todo, la aprobación es un hito. Conseguir un Presupuesto votado por el Congreso era uno de los reclamos del FMI, que pedía contar con una hoja de gastos con aprobación del arco político para que el ajuste tenga institucionalidad.
Los ingresos supondrán un desafío para la meta de superávit. La recaudación cierra 2025 con una caída del 2,4% real anual, según Vectorial, y para 2026 perfila el desafío de cómo mantener el ingreso de fondos. Si bien se termina el efecto de la alta base de comparación que explicó el eliminado Impuesto PAIS, la baja de bienes y personales y de las retenciones, el foco va a estar puesto en la actividad económica y el empleo para impulsar la recaudación de IVA o contribuciones a la Seguridad Social, que explican el 33% y 25% de la recaudación.
En el frente de la actividad, la meta es un crecimiento del 5%, valor que hace pie en la campaña esperada para el agro y la intermediación financiera. La disparidad entre los sectores se espera que se mantenga.
En el empleo, el objetivo del oficialismo es que la reforma laboral cree trabajo formal. La meta es que la baja de contribuciones y el costo no salarial, así como el régimen de nuevo empleo permita sumar trabajadores a la formalidad, aunque no arriesgan expectativas. Conocedores en la materia sostienen que la creación solo se dará si crece la actividad económica, y en especial se reactivan los sectores más rezagados y demandantes, como construcción, industria y comercio.
El golpe del rechazo del Capítulo XI planteó para el Gobierno el desafío de mantener el superávit, pero esta vez en el marco de un apoyo extendido al Presupuesto. El recorté irá primero por las partidas no indexadas o sin presupuestos mínimos de gasto.
Un segmento que queda excluido de este recorte es el gasto en jubilaciones, que explica casi la mitad del gasto total, y que ajusta por inflación, lo que implicó que, ante la aceleración de los últimos meses, se vea afectado al alza. Es por eso que cobra especial relevancia la meta de inflación fijada en 10,1% para fin de 2026. El presidente Javier Milei además sostuvo que hacia mitad de año la inflación comenzaría con cero.
El artículo 30 planteó la eliminación del piso mínimo para educación y ciencia, y se incluyó en el artículo 70 la derogación de la indexación de las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo. Esta última tuvo un aumento del 493% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, mientras que se asumió con el FMI el compromiso de alcanzar a cubrir con las prestaciones al menos el 95% de la canasta básica alimentaria.
Por el frente del gasto, hay áreas no indexadas pero sobre las que no queda margen de ajuste, como la obra pública, dado que la inversión en infraestructura está en mínimos históricos, o en gastos corrientes que no afecten la prestación de servicios, advierten desde Vectorial. El nuevo esquema de subsidios energéticos, que entrará en vigencia en enero, promete un ahorro cercano al billón de pesos para el año próximo.
Desde la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia postularon que también puede verse un refuerzo de los ingresos por el impuesto a los combustibles, cuya actualización podría aportar un 0,35% del PBI en 2026. Esta actualización podría impactar en la inflación, que afectará las partidas indexadas y las bandas del esquema cambiario.