En un clima internacional enrarecido por la guerra contra Irán, diversos actores de peso local en el sector de la minería miran a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados con prisa. En este sentido, son varios los que buscan que se apruebe el proyecto que flexibilizará la regulación argentina antes de abril, aunque los tiempos en el Congreso dificultan ese cronograma. Qué fichas se juega el Gobierno.
La reforma libertaria cambió principalmente la definición de ambiente periglacial y el mecanismo de protección, lo que abre la puerta a más actividad minera. El nuevo texto con media sanción del Senado reduce el alcance de las zonas protegidas, pasa de una prohibición automática a evaluaciones caso por caso sobre la función hídrica y otorga mayor poder a las provincias para decidir qué áreas quedan protegidas o pueden explotarse, aunque mantiene la protección de los glaciares y el inventario nacional como referencia técnica.
Si bien el gobierno de Javier Milei pretendía darle un tratamiento exprés en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que aprobó el Senado, esto no ocurrió. De esta manera, la oposición logró habilitar las audiencias públicas y retrasar al oficialismo con más de 70.000 inscriptos para participar en las audiencias públicas que tendrán lugar el 25 y 26 de marzo.
Voces legislativas de La Libertad Avanza habían dicho a El Cronista que lo que está en el fondo del debate es la injerencia de los gobernadores sobre los recursos naturales. La posible modificación que se repite en el Palacio Legislativo es la incorporación de un mecanismo de resolución de controversias interjurisdiccionales.
Fuentes del sector minero indicaron, en diálogo con El Cronista, que es necesario que la reforma se apruebe en abril en Diputados. “Si queda para mayo, ya empieza la carrera (política) para el 2027 y se alarga la cosa”, aseguró una voz relevante del sector a este medio. De no aprobarse dicha reforma, desde el sector convienen que los proyectos que adhirieron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) seguirán esperando.
Lo que la oposición buscará debatir, a ojos del oficialismo, es el inventario de los Glaciares. En LLA retrucan que no es correcto que desaparece el inventario y afirman que sólo son 120 los sitios que podrían entrar en discusión de los que actualmente están regulados.
“Tenemos que trabajar juntos (con el Gobierno)”, remarcaron desde el sector. Aun así, advirtieron que no se sabrá hasta último momento si tendrán la aprobación de la reforma, como tampoco se sabía si iba a tener su aprobación en el Senado.
Tanto representantes del sector como el Gobierno están en contínua comunicación con los diputados clave para aprobar el proyecto. Los libertarios saben que el tema interjurisdiccional será clave porque podría torcer los votos de aquellos diputados que responden a sus provincias, cómo es el caso de los pampeanos.
El caso típico que mencionan los legisladores es el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel.
El conflicto por el Río Atuel enfrenta a ambas provincias desde que Mendoza construyó represas y desvíos para riego que redujeron el caudal que llega a territorio pampeano. La disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que reconoció que es un río interprovincial y ordenó fijar un caudal mínimo, aunque las provincias aún discuten cuánta agua debe liberar Mendoza.
Por este motivo, la idea sería incorporar algún mecanismo para resolver las disputas. Aun así, los libertarios señalaron en diálogo con este medio que esto no se incluyó en el texto original del Senado porque ya hay una norma vigente bajo la Ley General de Aguas que regula las cuestiones de cuencas hídricas y además la Constitución establece que la Corte Suprema tiene competencia en conflictos provinciales.
“Incorporar algo así ayudaría a que provincias como La Pampa acompañen", indicaron fuentes parlamentarias libertarias en conversaciones con El Cronista.
Sin embargo, este punto no parece muy relevante para el sector minero. En este aspecto coinciden con el Gobierno, creen que la interjurisdiccionalidad ya está resuelta por la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
“Cualquier modificación retrasa la aprobación en Diputados y es un paso más a que no llegue a término para mayo”, advirtieron.