En esta noticia
- Cómo funciona el mecanismo de reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
- Qué pide Argentina contra Reino Unido y qué límites tiene el Tribunal del Derecho al Mar
- Qué hay detrás del interés británico por Malvinas
- Qué apoyos tiene Argentina y qué costos que debe asumir
- El costo político si el Tribunal no da lugar al pedido
- Qué es Sea Lion
Luego de que Argentina presentara ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, hay que entender qué incidencias pueden tener las decisiones del organismo en el conflicto.
Según el comunicado de la Oficina del Presidente, la presentación al Tribunal se enmarca en el arbitraje iniciado el 28 de septiembre, cuyo pedido llegó tras vencer, el 12 de octubre, el plazo de dos semanas que se le había dado a Londres.
Cómo funciona el mecanismo de reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
Ambos países son parte de la CONVEMAR y, en el artículo 287, la Argentina eligió al TIDM y el Reino Unido, a la Corte Internacional de Justicia. Como no coinciden, la Convención conduce al arbitraje del Anexo VII, con un tribunal de cinco miembros que se constituye solo para esta controversia. Mientras eso ocurre, el artículo 290 permite que el TIDM dicte medidas de carácter cautelar si considera, de manera preliminar, que hay urgencia y que el futuro tribunal tendría competencia.
Argentina ya había usado este recurso en 2012, con la retención de la Fragata Libertad en Ghana, y el TIDM ordenó más tarde por unanimidad liberar el buque.
Por lo tanto, con un calendario similar, una posible primera decisión del Tribunal sobre Sea Lion podría conocerse recién en noviembre.
Qué pide Argentina contra Reino Unido y qué límites tiene el Tribunal del Derecho al Mar
Según detalló el canciller Pablo Quirno, la solicitud tiene cuatro requerimientos. Incluyen impedir nuevas actividades hidrocarburíferas, restringir el uso de la información obtenida en las exploraciones, preservar el medio marino y evitar nuevos permisos del Reino Unido.
Como el TIDM no decide sobre soberanía, la cuestión de fondo lo resolvería el tribunal arbitral, el cual todavía no fue constituido. Por lo tanto, el principal obstáculo es la jurisdicción.
Allí se da cuanta de cómo en 2015 el tribunal del caso Chagos, entre Mauricio y el Reino Unido, se negó a resolver una demanda cuyo objeto real era la soberanía, y menciona las exclusiones del artículo 298, que Argentina formuló en 1995 y el Reino Unido en 2003.
El frente interno y el impacto en el negocio
Esta estrategia de la Cancillería argentina es parte de otras medidas ya tomadas por el Gobierno argentino. Según un informe de la Fundación de Investigaciones e Inteligencia Financiera (FININT), el Gobierno abrió 60 sumarios administrativos que alcanzan a petroleras, accionistas, aseguradoras, fondos, proveedores y directivos, a los que se suman cuatro causas penales en Comodoro Py. En Río Grande, la jueza Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de actos materiales del proyecto hasta completar una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina.
Rockhopper informó que trabaja con Navitas para reemplazar a dos contratistas que incumplieron sus obligaciones. Navitas vinculó esa situación con las medidas argentinas, aunque aseguró que no espera un impacto significativo.
Qué hay detrás del interés británico por Malvinas
Por su parte, Londres rechazó el planteo cuando la subsecretaria del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, defendió la legalidad de las actividades conforme al derecho internacional, incluida la CONVEMAR. Con esta decisión, el Reino Unido había acusado al Gobierno de “socavar los medios de vida de los isleños”.
Laura Colpachi, licenciada en Ciencia Política (UBA), magíster en Defensa (UNDEF), doctoranda en Estudios Internacionales (UTDT) e integrante de la Red de Politólogas, advirtió que “el interés británico en las islas es bastante más amplio que lo puramente extractivo”.
En diálogo con El Cronista explicó que las islas están “en un punto estratégico” frente al Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos, ya que es “un paso interoceánico comparable a Suez, Ormuz o Panamá”, y que, a causa de esto es de donde deviene el interés de Gran Bretaña por el archipiélago.
Además, indicó que la presencia en las islas respalda la posición británica sobre la Antártida y, por su parte la base de Mount Pleasant “transforma el archipiélago en un enclave militar británico en el hemisferio Sur”.
En el caso del petróleo, Colpachi advirtió que el alza del precio por el conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve rentables los proyectos offshore, pero que esa condición no debería darse por permanente.
Qué apoyos tiene Argentina y qué costos que debe asumir
La politóloga, investigadora y asesora argentina especializada en relaciones internacionales, geopolítica marítima y la soberanía del Atlántico Sur y las Islas Malvinas sostuvo que “la Argentina tiene apoyos diplomáticos”, pero “lo difícil es convertirlos en decisiones que modifiquen los costos de la presencia británica”.
Sobre Estados Unidos, afirmó que la cercanía del Gobierno con Washington se tradujo hasta ahora en abrir el territorio a ejercicios militares y que eso limita la autonomía estratégica. En la región, señaló que Uruguay desarrolla su cable y Chile su puente aéreo con Punta Arenas, y que “conseguir apoyos regionales requiere una coherencia multilateral sostenida que nuestro país ha dejado de lado en los últimos tres años”. Además, sostuvo que “elegir votar con EUA en los foros multilaterales, abandonando la región, tiene costos”.
Sobre la logística, explicó que las islas dependen de los corredores sudamericanos para rotar personal y recibir insumos, y que restringirlos encarecería la operación británica, que debería abastecerse desde el otro hemisferio o desde Isla Ascensión. Pero aclaró también que “su restricción no equivale automáticamente al aislamiento del archipiélago”, y que los países limítrofes “no tienen incentivos para dejar de colaborar con Gran Bretaña”.
El costo político si el Tribunal no da lugar al pedido
La especialista calificó las amenazas de sanciones a las petroleras como “medidas tardías e ineficaces” si no están acompañadas de “capacidades materiales para sostener la presencia en el mar mediante la defensa y la investigación científica”.
Si el TIDM no hace lugar al pedido, el costo sería doble: en lo internacional, indicó que “fortalece la narrativa británica de intangibilidad del statu quo y la autodeterminación de los isleños”, mientras que en lo interno, aseguró que “se desgasta la reputación de la Cancillería”.
Sobre una eventual negociación, es terminante. “Gran Bretaña no tiene incentivos para negociar con Argentina”, dice, y recuerda que ceder en soberanía sentaría un antecedente para otros territorios de ultramar, como Gibraltar o Diego García. Solo una intervención directa de Estados Unidos podría cambiar ese rechazo, algo que considera improbable, y que implicaría “cambiar una ocupación por otra aún más difícil de rechazar”.
Qué es Sea Lion
Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera offshore que está unos 220 kilómetros al norte de las islas. Tiene 319 millones de barriles de recursos certificados, con una primera fase de 170 millones y un pico de unos 50.000 barriles diarios. Allí opera la empresa israelí Navitas, quien posee el 65% de la explotación.
La decisión final de inversión se tomó en diciembre de 2025, con perforaciones en 2027 y primer petróleo en 2028. El financiamiento posterior se estima que está entre los u$s 1.800 millones hasta el primer petróleo y u$s 2.100 millones hasta completarlo.