Este 3 de junio se cumplen 10 años de la primera convocatoria de Ni Una Menosen rechazo a la violencia contra las mujeres. Una década más tarde, en lo que va de 2025 ya hubo 100 femicidios, uno cada 31 horas. Desde 2015 se suman 2.589 femicidios.
En 2015, la Corte Suprema relevó 235 femicidios. En 2024 (último dato para un año cerrado) ascendieron a 247, uno cada 39 horas.
En los datos acumulados en lo que va del año, según el Observatorio Mumalá, 61 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre. La edad promedio de la víctima fue de 38 años. El 67% fue asesinada por su pareja, ex pareja o familiar, y el 71% fue asesinada en su casa.
La movilización de 2015 devino en la posterior sanción de la Ley Micaela, tras el femicidio de Micaela García, que estipula la capacitación obligatoria sobre género en todos los niveles de la administración pública. La Ley había sido objeto de debate tanto por el intento de reforma con la Ley Bases, así como luego con la intención de eliminar la figura de femicidio.
Luego de 2015 se avanzó en la creación del registro de femicidios de la Corte Suprema, la creación del cuerpo de abogados para víctimas, la Línea 144, que ha atendido en promedio 340 comunicaciones diarias, según informó Amnistía Internacional.
También se creó el programa Acompañar, que asiste económicamente a mujeres en contextos de violencia, las fiscalías especializadas y la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre otros.
Las políticas para la prevención de la violencia de género se han desfinanciado o incluso eliminado. Las últimas novedades las arrojó el Ministerio de Justicia que eliminó 13 programas que brindaban apoyo a las mujeres en situación de violencia, personas travestis, transexuales y transgénero, o que buscaban reducir las desigualdades.
Entre los programas que eliminó la cartera conducida por Mariano Cúneo Libarona se encuentran el de Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género, el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, el Programa de Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad para el Sector Privado "Formar Igualdad", el Programa para el Fortalecimiento de la Participación Social y Ciudadana en materia de Género y Diversidad y el Registro Nacional de Promotoras y Promotores Territoriales de Género, el de Diversidad a Nivel Comunitario y el Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de Personas en Contexto de Violencia por Motivos de Género, entre otros.
Para el ministro, se trataba de programas "ideológicos" que permitirán ahorrar "$ 6.000 millones por año a los argentinos", en torno a u$s 6 millones.
El ministro además sostuvo que busca eliminar la figura del femicidio. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que hubo una "baja de homicidios de mujeres" del 14,3%.
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), "decir que la violencia bajó porque bajaron los homicidios es incorrecto" porque un homicidio no es lo mismo que un femicidio. "La Justicia registra una causa como femicidio si hay indicios de violencia de género, como antecedentes de abuso o dominación, agresiones previas, ensañamiento o violencia sexual".
Según los datos de la Corte Suprema, los femicidios se mantienen estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año.
"En Argentina, el 40% de las mujeres son asesinadas por una pareja o un familiar, mientras que esto es así en el 2% de asesinatos de varones", informó ELA en base a datos del Ministerio de Seguridad.
Además, informaron que el 50% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez por su pareja o ex pareja.
Ante este escenario, el Gobierno nacional avanzó en el desarme de algunos programas orientados a mitigar o prevenir la violencia de género y asistir a sus víctimas.
También según ELA, la línea 144 que brindaba asistencia a víctimas perdió el 45% de su personal. Para el primer semestre de 2024, el presupuesto del Programa Acompañar se redujo un 82% y la cantidad de mujeres asistidas cayó un 98,72%.
Según relevó el CELS, sólo 21.325 - 30.300 menos que en 2023- lograron hablar con alguien en la línea 144 el año pasado.
El Programa Acompañar, que daba apoyo económico a personas en situación de riesgo por violencia de género, alcanzando a más de 361.868 beneficiarias desde su creación en septiembre de 2020 hasta diciembre de 2023, tuvo en 2024 un recorte del 90%, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En el sentido contrario, el Programa de Protección a Víctimas del Ministerio de Justicia aumentó su ejecución en un 46% en 2024.
Al sumar la línea 144, el programa Acompañar y el de Protección de Víctimas, el recorte es del 86%.
Según estimó ELA, el costo de no prevenir la violencia de género es superior al de hacerlo: es 22 veces más caro no intervenir a tiempo que invertir en políticas integrales.
En materia de igualdad, apuntaron que el 66,5% de las madres no recibe la cuota alimentaria correspondiente y 6 de cada 10 pobres son mujeres, además de que las mujeres ganan un 27% menos.
La prevención cobra relevancia a la hora de observar que 1 de cada 4 mujeres que sufre violencia buscó ayuda o denunció el hecho. De las 250 víctimas de femicidio, menos del 25% había denunciado al victimario.
Sobre la presunta falsedad de las denuncias, los datos locales son a nivel agregado y dan cuenta de que solo el 3% de todas las denuncias penales son falsas, mientras que en España, de todas las denuncias por violencia de género, solo el 0,03% son falsas.
La efectividad de las campañas de difusión y prevención se refleja en las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires: en 2018, el 22% de las mujeres que vivieron violencia doméstica buscaron ayuda. En 2023, esa cifra saltó al 30%.
En 2024, el programa de "Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género", que engloba programas de acompañamiento a las víctimas, tuvo un recorte en términos reales del 84% entre 2023 y 2024. En 2025, el programa y sus actividades asociadas ya no figuran en la previsión de gastos de ningún Ministerio, informó ELA.
Según el CELS, en 2024 no se distribuyó misoprostol y mifepristona, medicaciones otorgadas en el marco de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En el caso del plan ENIA de prevención del embarazo adolescente, se ejecutó solo el 20% del presupuesto, que ya se había reducido a la mitad.
La Ley de Cupo Laboral Travesti Trans está paralizada e incluso algunos trabajadores fueron despedidos a pesar del amparo que implica la Ley.
Las políticas de género y diversidad en su conjunto abarcaban a más de un millón de personas y costaban u$s 32 millones por mes, un 0,2% del presupuesto. "En el pago de los intereses deuda se gastaba 41 veces más. La criptoestafa de Libra fue por equivalente a 3 meses de presupuesto de las políticas de género y diversidad", indicaron desde Futuros Mejores.
