Buen día, soy el diputado nacional Claudio Lozano, con esas palabras el legislador y candidato a senador por Camino Popular se presentó en el despacho del juez Norberto Oyarbide a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nº 5 para solicitar explicaciones del por qué dos denuncias contra el vicepresidente Amado Boudou que había realizado y que estaban una en el juzgado de María Servini de Cubría y otra en el de Daniel Rafecas hoy están en el escritorio de uno de los magistrados más cuestionados del Poder Judicial.
Las dos causas contra el actual Vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo son por presuntas irregularidades en el manejo de fondos en el momento en el que era titular de la ANSeS; y por el canje de bonos de la deuda en el 2010, en supuesta violación de los incisos 4 y 7 del artículo 75 de la Constitución Nacional y del 65 de la ley 24156 de Administración Fraudulenta.
Esta última causa es porque se sospecha de maniobras fraudulentas por el canje de títulos por u$s 9.000 millones pagados con reservas del Banco Central, y a raíz de la intervención de la consultora Arcadia vinculada al hoy responsable de la ANSeS Diego Bossio.
A su salida, Lozano calificó el encuentro como insólito y afirmó que el magistrado recién se estaba desayunando de la causa. A pesar que Oyarbide le explicó que el movimiento de los expedientes de un juzgado a otro se debía a un manejo interno acostumbrado en Comodoro Py, el legislador dijo que su percepción es que el traslado implica que la van a cajonear.
Otro punto con el que el candidato sostuvo su sospecha ante El Cronista es que al juez jamás se le ocurrió pedirme que ratifique las denuncias y relató cómo el juez me recordó que estaba en mí la posibilidad de recusarlo.
Otro punto que llamó la atención del economista es que en el cambio de juzgado para repartir la carga laboral entre unos y otros, no mandaron la causa al despacho del juez Ariel Lijo, que ya investiga a Boudou por enriquecimiento ilícito. Nuestra denuncia se podría haber sumado a la de Pino Solanas.
Luego de asegurar que Oyarbide ignora el dato clave como declaraciones juradas de los funcionarios. En este punto el economista señala principalmente a las declaraciones juradas de Hernán Fardi, actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ex subgerente de Operaciones de la ANSeS.
Neutralizan la causa asociándola con expedientes que tenían otros móviles y objetivos, se despachó el diputado por lo que sus asesores jurídicos no descartan sumar pruebas a la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público que Fernando Pino Solanas le inició al Vicepresidente de la Nación y que se está llevando adelante en el despacho de enfrente al de Oyarbide que hoy ocupa el juez Ariel Lijo.