La disputa por la desregulación de la Marina Mercante tendrá este jueves un nuevo capítulo en Corrientes. Mientras el Gobierno avanza con un proyecto para habilitar que buques de cualquier bandera puedan realizar transporte de cargas entre puertos argentinos, los gremios marítimos y fluviales llevarán su rechazo al Parlamento del Norte Grande, donde buscarán sumar a las provincias a la discusión antes de que la iniciativa avance en el Congreso.
La 60° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande reunirá entre este jueves y viernes a vicegobernadores y alrededor de 130 legisladores de diez provincias del NOA y NEA. Entre los temas incluidos en la agenda figura específicamente la Marina Mercante Nacional, la reserva de cabotaje y el federalismo productivo.
Además, durante la primera jornada está prevista la participación de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF).
En ese marco, Mariano Villar, secretario general de SICONARA, confirmó a El Cronista que el gremio pedirá la palabra para llevar la posición de los trabajadores a la reunión de las autoridades provinciales.
“Pedimos la palabra en la sesión parlamentaria, donde se encuentran los vicegobernadores de las provincias del Norte, y vamos a traer la voz de la Marina Mercante para explicar por qué es un error”, aseguró Villar.
Allí también abrirá la sesión el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, quién es uno de los impulsores de la iniciativa del gobierno nacional junto con Hugo Passalacqua de Misiones.
La estrategia sindical apunta a disputar el respaldo que el Gobierno consiguió en las últimas semanas entre algunas provincias del Norte Grande. El proyecto fue negociado con gobernadores y legisladores del interior con el argumento de que una mayor apertura del transporte fluvial permitiría reducir los costos logísticos, aprovechar los puertos provinciales y trasladar por barcazas parte de las cargas que hoy viajan en camión.
La iniciativa, que ingresará por el Senado y tiene a la senadora misionera Sonia Rojas Decut como una de sus principales impulsoras, propone habilitar la operación de buques extranjeros en el cabotaje argentino. El Gobierno también incorporó cambios impositivos, entre ellos una reducción de Ganancias al 25% para las empresas que operen bajo el nuevo esquema, además de incentivos para la inversión de armadores argentinos.
La respuesta de los gremios
Para SICONARA, el problema no está en permitir el ingreso de barcos extranjeros cuando no existe capacidad argentina para prestar un determinado servicio, sino en convertir esa excepción en una regla general.
“Hoy la ley permite, en caso de que no haya buques argentinos, hacer ese tráfico con barcos de otra bandera”, explicó Villar.
Según los datos que presentó el sindicato, desde 2018 se realizaron alrededor de 540 pedidos de excepciones y más del 98% fueron autorizados. El planteo también figura en la carta que SICONARA envió a los gobernadores, donde sostuvieron que el régimen vigente ya contempla un mecanismo para habilitar buques extranjeros cuando no existe una alternativa nacional.
Desde el gremio indicaron que el debate sobre los costos debe concentrarse en las diferencias tributarias y operativas que existen entre la Argentina y los países que hoy concentran buena parte de la navegación de la Hidrovía.
“Trabajemos en un régimen competitivo, en un esquema tributario que permita a la bandera argentina ponerse en igualdad de condiciones”, planteó Villar.
Según explicó, la diferencia no pasa solamente por Ganancias. El sindicato cuestiona también la carga tributaria sobre el combustible y las contribuciones patronales, que dejan a los buques argentinos en desventaja frente a los paraguayos.
El proyecto presentado por el secretario de Desregulación, Alejandro CAcace, buscó incorporar parte de ese reclamo con la reducción de Ganancias al 25%, pero para SICONARA la modificación no alcanza. “Aunque le bajen al 25%, siguen quedando afuera”, sostuvo Villar, quien consideró que todavía no se modifica la estructura de costos que llevó a armadores argentinos a radicar sus buques bajo bandera paraguaya.
La carta enviada por el gremio a los gobernadores plantea en la misma línea que la competitividad de la Marina Mercante depende de su estructura tributaria, financiera, regulatoria y operativa y no exclusivamente de los costos laborales.
El pedido a los gobernadores
El objetivo de la presencia sindical en Corrientes es abrir una negociación directa con los mandatarios provinciales. Villar aseguró que SICONARA ya presentó pedidos de reunión con los gobernadores de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. Hasta ahora, según relató, solamente fueron recibidos por el jefe de Gabinete de Misiones.
“Tenemos pedidos de reuniones con los gobernadores de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. Solo nos atendió el jefe de Gabinete de Misiones”, afirmó.
Desde el sindicato sostuvieron en su carta que las provincias del litoral serán particularmente afectadas por una apertura irrestricta porque concentran puertos, producción regional y actividad vinculada con la Hidrovía Paraguay-Paraná y el río Uruguay.
En este sentido, los gremios advirtieron que la pérdida de actividad de la bandera argentina no impactaría solamente sobre los tripulantes. Según el documento, también alcanzaría a trabajadores portuarios, talleres, astilleros, proveedores y empresas de servicios vinculadas a la navegación.
El planteo sindical llega en un momento en el que el Gobierno intenta construir una mayoría política para su proyecto. La Casa Rosada reformuló la iniciativa después de negociar con las provincias del Norte y la presentó como una herramienta para bajar los costos de transporte y potenciar las economías regionales.
Según los cálculos expuestos por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, el traslado de unos 29 millones de toneladas hacia el transporte por barcazas podría generar un ahorro de hasta u$s 500 millones anuales.
La alternativa que proponen
Los sindicatos no plantearon cerrar la Hidrovía al ingreso de embarcaciones extranjeras, sino que la propuesta es mantener la reserva de cabotaje y crear condiciones para que la bandera argentina pueda volver a competir.
Una de las alternativas que impulsan es el Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (RETCAN), un régimen promovido por los gremios que ya fue presentado en el Congreso. El objetivo es reducir las desventajas de costos de los operadores argentinos sin resignar la participación de trabajadores nacionales.
“Es insuficiente lo que propone el Gobierno, sigue la bandera argentina fuera de carrera”, resumió Villar.
El sindicalista planteó incluso una alternativa transitoria: permitir el ingreso de buques extranjeros cuando sea necesario, pero establecer un período para que comiencen a incorporar tripulación argentina. La intención es evitar que una apertura destinada a resolver la falta de barcos nacionales termine consolidando esa misma falta de capacidad.
El argumento central del gremio es que la Argentina ya perdió buena parte de su capacidad de navegación comercial y que una apertura permanente podría profundizar ese proceso.
Según Villar, actualmente quedan apenas tres remolcadores de empuje argentinos operando, mientras que buena parte del transporte fluvial quedó en manos de embarcaciones bajo bandera paraguaya.
La discusión, además, tiene una dimensión que los sindicatos consideran estratégica. “La Argentina necesita inexorablemente Marina Mercante”, sostuvo Villar, al vincular la capacidad de transporte nacional con la soberanía sobre los ríos y los espacios marítimos.
Ese argumento también aparece en la carta enviada a los gobernadores. SICONARA sostiene que la Marina Mercante forma parte de la infraestructura económica del país y que la discusión sobre el cabotaje determina quién transportará las cargas, dónde quedarán los salarios y qué capacidad conservará la Argentina sobre una infraestructura estratégica.
Ahora, los gremios buscarán que ese planteo salga del ámbito sindical y llegue directamente a las provincias que el Gobierno necesita para sostener políticamente la reforma. El primer escenario será este jueves en Corrientes, ante el Parlamento del Norte Grande.