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Las tarifas de los servicios públicos de la energía quedarán detrás de la carrera distributiva de los salarios y los precios, según lo que le propuso el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI), que se materializaría hoy con la entrada del proyecto al Congreso.
De esta forma, el Frente de Todos busca que los precios regulados de la luz y el gas pierdan peso relativo dentro de la canasta de gastos de las familias y permitan apalancar el consumo privado, motor de la actividad económica.
La otra cara de la moneda es la consolidación del atraso tarifario real por lo menos hasta fines de 2023.
Asimismo, se producirá un leve salto en los subsidios energéticos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), lo que obliga al Gobierno a la creatividad en materia de cuentas públicas.
Los detalles del acuerdo con el FMI
El crecimiento de la economía debe estar por encima del 4% anual y la recaudación superar largamente a la inflación como para no ajustar el gasto y cumplir con la meta fiscal pautada con el FMI. Que sea compatible todo al mismo tiempo.
Las cartas que se reserva el ministro de Economía, Martín Guzmán, y pueden ayudar a pasar las revisiones trimestrales del organismo son dos.
La primera es la finalización de la Resolución 46/2017 (subsidios a la oferta de shale gas, principalmente a Tecpetrol y CGC para sostener el incremento de su producción), con un ahorro de 600 millones de dólares para el Tesoro Nacional.
La otra es la segmentación, que alcanzaría en una primera etapa al 10% de la población que vive en barrios de mayor poder adquisitivo de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, con una reducción de al menos u$s 200 millones en las subvenciones a la energía. Más adelante, se ampliará el universo de usuarios alcanzados a 9 centros urbanos de todo el país.
Con todo, la mitad de la población, categorizada como "clase media", verá incrementos equivalentes al 80% de la evolución de los salarios, referenciados en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Así, las tarifas podrían subir cerca de un 40% este año. Es decir, se necesitará habilitar el proceso de audiencias públicas para autorizar una nueva actualización, complementaria al 20% que ya rige desde marzo. El próximo ajuste sería en junio, dejaron trascender fuentes oficiales.
Por fuera de la energía, el Gobierno también debe trabajar para corregir las cuentas públicas en el transporte y el agua.
El boleto de colectivos solamente cubre el 13% de los costos en la Ciudad y el conurbano; el de tren, apenas 5%; y las tarifas de agua un 37%. "Una suba del 20% en los boletos de colectivo y trenes implicaría un gasto en subsidios u$s 570 millones por encima del año pasado", apuntó la consultora Equilibra.