Se firmó el jueves, se publicó el fin de semana y se difundió ayer. El dictamen de la Procuración General sobre la competencia de una causa clave por los aumentos de tarifas de gas finalmente favoreció al planteo del Gobierno nacional, que pretendía que el expediente se tramitara en la justicia contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y no en Junín, como se decidió en un principio. Tal como anticipó El Cronista, será la Corte Suprema la que defina.

El dictamen lo firmó Laura Monti, procuradora ante la Corte Suprema, quien entiende que el caso debe ser tratado en segunda instancia por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y no por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La demanda surgió en el municipio bonaerense de Leandro N. Alem, contra el Ministerio de Energía, el Enargas y la gasífera Camuzzi, con el objetivo de que se anularan las subas en el servicio de gas dispuestas a partir del 1 de abril.

El texto había ingresado a la Corte durante el fin de semana, pero se desconocía su contenido. Ayer, en las seis carillas que firmó Monti, sobresale que, en su opinión y citando la ley 26.854, "al haber intervenido en la cuestión de competencia una jueza federal en lo contencioso administrativo federal, todo conflicto planteado entre un juez de ese fuero y otro, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal". La procuradora, que remite directamente al procurador general interino, Eduardo Casal, giró así el texto a la Corte.

El dictamen no es vinculante para los jueces del máximo tribunal, que hoy se reúnen en su clásico acuerdo semanal, pero no tienen previsto expresarse todavía sobre el tema. Quizás la semana que viene resuelvan su postura, aunque será, cabe aclarar, sólo sobre la competencia y no sobre el fondo de la cuestión: si los aumentos de tarifas son constitucionales.

La denuncia que se espera que llegue a la Corte es la que radicó en la justicia platense la ONG Cepis, que en 2016 logró que su amparo ante el aumento de las tarifas de gas llegara hasta la Corte. En agosto de ese año, el máximo tribunal se despachó con un fallo en el que obligó al Gobierno a retrotraer las subas y a convocar a audiencias públicas, argumentando el criterio de razonabilidad al momento de la aplicación de tarifas.

En la Corte hay expectativa por ver cuándo surgirá una decisión de fondo, aunque se prevé que los tiempos se dilaten, quizás, hasta después de la feria judicial de invierno. El máximo tribunal puede tener que resolver también en el corto plazo sobre la constitucionalidad de la aplicación del impuesto a las Ganancias en jueces designados a partir del 1 de enero de 2017, caso que se encuentra en instancia de Cámara.

Todo ello, en el marco de un año en el que habrá elecciones en la Corte, ya que Lorenzetti cumplirá su tercer mandato el 31 de diciembre. Aún no se sabe si buscará otro período o si habrá nuevas autoridades a partir del año que viene.