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El gobierno de Javier Milei hizo de la cuestión tributaria uno de los ejes centrales de su narrativa política. Desde la campaña electoral hasta los primeros meses de gestión, el discurso libertario insistió en la necesidad de reducir la presión fiscal, eliminar impuestos distorsivos y liberar al sector privado de lo que considera un aparato estatal asfixiante. En ese marco, el Presidente y sus funcionarios repitieron que su vocación es "bajar impuestos", aunque sin precisar siempre en qué sectores ni con qué alcance.
El informe no evalúa ni celebra niveles de presión fiscal. Tampoco emite juicios sobre si un país recauda mucho o poco. Su objetivo es ofrecer una base comparativa y metodológicamente homogénea para analizar la evolución de los sistemas tributarios en la región. En ese sentido, resulta útil para entender desde qué punto partió la gestión Milei en materia impositiva.
Un país con presión tributaria alta en el contexto regional
En 2023, la recaudación tributaria de Argentina representó el 27.8% del PIB. Esa cifra ubicó al país por encima del promedio regional (21.3%) y solo por debajo de Brasil (32.0%) entre los países de América Latina y el Caribe. El informe señaló que "la recaudación tributaria como proporción del PIB de Argentina registró el tercer mayor descenso en 2023, de 1.7 puntos porcentuales", aunque aclaró que ese retroceso respondió a factores puntuales, como la sequía que afectó al agro y un anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias en 2022.
En términos estructurales, la presión tributaria argentina se mantuvo elevada en el periodo estudiado, el cual abarca varios gobiernos de distinto signo y con por lo menos marcadas diferencias en su discurso sobre los impuestos. Desfilan las administraciones de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
El informe indicó que "los impuestos al consumo generaron prácticamente la mitad de los ingresos tributarios totales de la región de ALC", y en el caso argentino, esa proporción fue incluso mayor. El IVA, por ejemplo, continuó siendo una de las principales fuentes de recaudación, con una participación del 28.5% en el total regional y del 6.0% del PIB.
Ganancias, IVA e ingresos brutos: la continuidad de los tributos
Más allá de los anuncios oficiales, los tributos que afectan a trabajadores y pequeños comercios seguían vigentes en 2023. El impuesto a las ganancias se cobró sobre los salarios, el IVA se aplicó al consumo masivo y los ingresos brutos continuaron gravando la actividad comercial en las provincias. El informe no evaluó cambios posteriores, pero dejó en claro que, al cierre de 2023, esos tributos seguían siendo pilares del sistema fiscal argentino.
En cuanto al impuesto a las ganancias, el documento explicó que "los ingresos procedentes del IS y del IRPF representaron un 18.7% y un 9.5% respectivamente de los ingresos tributarios totales en promedio" en la región. En Argentina, la participación fue aún mayor, lo que refleja el peso de este tributo en la estructura fiscal.
El campo y las retenciones: una discusión abierta
El informe también mencionó que, en el caso de la Argentina, "una sequía afectó a la producción agrícola y las exportaciones, lo que contribuyó a una caída de 1.2 puntos porcentuales en la recaudación de impuestos por exportaciones". Aunque no se refirió explícitamente a las retenciones, el dato permite inferir que este tributo -clave en la relación entre el Estado y el sector agropecuario- tenía un peso notable al finalizar 2023.
La discusión sobre su continuidad o eliminación fue uno de los puntos de tensión entre el gobierno y el campo. Entre todos los gobiernos y el campo, incluso de aquellos cuyos funcionarios son recibidos con aplausos en las actividades y ferias campestres, como la Exposición Rural de Palermo. Pero el informe no entra en ese debate. Solo muestra que, al momento del traspaso de mando, las retenciones seguían generando ingresos fiscales relevantes.
La OCDE y el enfoque sobre los sistemas tributarios
El informe no plantea que más presión fiscal sea mejor. Tampoco promueve una reducción generalizada de impuestos. Su enfoque es técnico y apunta a mejorar la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad de los sistemas tributarios. En ese sentido, sostiene que "se necesitan sistemas tributarios más justos y eficientes" y que "los reducidos ingresos tributarios limitan la capacidad estatal para responder a las demandas de la ciudadanía y mejorar los servicios públicos", lo que en cierta forma traduce, más allá de su pretensión neutral, una inclinación que no le cae simpática a los libertarios antiimpuestos. Muchos de ellos califican a la OCDE virtualmente como un agrupamiento de países impositivamente comunistas. El Gobierno actual, sin embargo, se ha mantenido en linea con sus predecesores en cuanto a su pretención de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La OCDE además propone "el reequilibrio de la estructura tributaria para no seguir dependiendo de los impuestos al consumo y del impuesto de sociedades" y sugiere "la promoción de una mayor progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas". Esto también dista del que promueve el gobierno libertario, que suele cuestionar la legitimidad misma de la recaudación estatal. Pero el informe no polemiza con esa visión. Solo ofrece datos y tendencias.
Una base para el análisis futuro
El documento de la OCDE no incluye datos de la gestión Milei. Por lo tanto, no permite evaluar si el nuevo gobierno redujo o no la presión tributaria. Lo que sí permite es establecer una línea de base: cómo estaba estructurado el sistema fiscal argentino al cierre de 2023, qué impuestos se cobraban, cuánto se recaudaba y cómo se distribuía esa carga.
Esa información será clave cuando se publique el próximo informe, previsto para 2027. Recién entonces podrá medirse con precisión si la narrativa del alivio fiscal se tradujo en cambios reales. Por ahora, lo que hay es una herencia tributaria compleja, con alta presión fiscal, fuerte dependencia del consumo y una estructura que, según la OCDE, requiere reformas para ser más justa y eficiente.